Desde el gobierno valenciano se ha propuesto sancionar a 41 locales que incumplían medidas contra la COVID-19 y que cuentan con irregularidades en sus licencias
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, junto con la comisaria de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, Marisol Conde, se han reunido con representantes de la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana para abordar la problemática de las mujeres que ejercen la prostitución en los establecimientos de la Comunitat camuflados como bares, hoteles, residencias o locales de ocio nocturno.
La consellera ha recordado que, por parte de la Policía Autonómica, se mantiene un dispositivo de control permanente, que se ha intensificado con motivo de la pandemia del COVID-19, para comprobar que se respetan las medidas de seguridad y salud en este tipo de establecimientos.
Bravo ha explicado que «desde el pasado 21 de agosto, la Unidad de Policía Nacional Adscrita ha inspeccionado un total de 174 establecimientos donde se podrían estar realizando actividades relacionadas con la prostitución u otras prácticas sexuales».
De esos locales, 91 se ubican en la provincia de Valencia, 69 en la Alicante y 14 en la Castellón. Se da la circunstancia de que, en los últimos 15 días, se han identificado 30 establecimientos más de los que se tenía conocimiento al inicio de este dispositivo de control.
Además, según ha trasladado la titular de Justicia, la policía ha propuesto sancionar 41 de estos locales ( uno de cada cuatro locales inspeccionados). De estos establecimientos, Bravo ha señalado que «26 tenían licencia diferente a la actividad ejercida y 15 incumplían las medidas contra la COVID-19. Tras las inspecciones llevadas a cabo 12 locales cerraron y sus responsables han asegurado que no volverán a abrir».
Según Bravo, estas actuaciones de la Unidad Adscrita se han intensificado desde que el president de la Generalitat, Ximo Puig, se comprometiera el pasado mes de agosto a reforzar las inspecciones en este tipo de locales que tienen licencia de bares, hoteles o residencias y que les permite estar abiertos al margen de la Ley.
Desde la Federación de Dones Progressistes han mostrado su preocupación por las condiciones en las que se encuentran las mujeres que ejercen la prostitución en estos locales y han reclamado una mayor implicación de todas las administraciones para conseguir el cierre de este tipo de establecimientos. También han destacado la necesidad de aprobar una Ley abolicionista de la prostitución.
Además, se ha acordado que desde la Conselleria de Justicia se va a convocar una reunión, junto con otras asociaciones, para dar a conocer los recursos jurídicos asistenciales con que cuentan las víctimas de la trata de personas.
La Conselleria dispone de una red de 29 oficinas de asistencia a las víctimas del delito en toda la Comunitat, que ofrecen atención integral a las víctimas de explotación sexual.
