Según el diario ABC, Hacienda se enfrenta a una ofensiva de las comunidades autónomas por los recursos pendientes por la recaudación de este año. La Abogacía del Estado envió el pasado martes al Ministerio de Hacienda el informe que respalda que el Gobierno, en funciones, no puede actualizar las entregas a cuenta pendientes para transferir 4.739 millones de euros a las comunidades. El Ministerio se escudó en este organismo para retener estos fondos a las regiones, al estar en funciones. No obstante, el Ejecutivo sí podría haber aprobado por decreto-ley antes de las elecciones, cuando tenía plenos poderes, el reparto de estos recursos ya que la Abogacía solo alude a que no puede sacarlo en funciones.
El Ministerio ha variado su postura: si hace meses señalaba que las entregas a cuenta solo se podían actualizar aprobando los Presupuestos, -en base a las dudas jurídicas que en sus palabras tenía la propia Abogacía del Estado- ahora sostiene que será lo primero que apruebe si se constituye un Gobierno. La razón, según Hacienda, es que estas dudas se han logrado disipar.
Ahora la Abogacía del Estado solo rechaza en su informe, al que tuvo acceso el diario ABC, que un Gobierno en funciones pueda aprobar estos fondos, pero no se opone a la posibilidad de autorizarlo por decreto-ley. «Ya hemos superado una cuestión previa, la Abogacía del Estado sostenía que sin presupuestos no se podía actualizar las entregas a cuenta», abundó ayer mismo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista a Onda Cero.
