La nefasta gestión del Teatro Principal de Alicante, a cargo de la popular María Dolores Padilla, ha adquirido una nueva dimensión tras la reapertura de una causa penal en el juzgado de instrucción 4 de Alicante a instancia de la fiscalía anticorrupción, que se une a las más de seis demandas que la institución acumula en la jurisdicción social a causa de las pésimas condiciones laborales de sus trabajadores de sala y montaje, quienes llegaron a manifestarse a las puertas del coliseo con el Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana.
Más de medio millón «a dedo»
De acuerdo a las pruebas presentadas en la denuncia ante los juzgados, y corroboradas por fiscalía y las propias contabilidades del Principal, la empresa de trabajo temporal con la que se subcontrata el servicio de Azafatas y montadores de escenarios recibió 536.446 euros entre 2019 y 2022, intercalando curiosamente, el periodo de pandemia en el que el teatro detuvo su actividad.
Como la propia subdirectora del teatro admitió en declaraciones al Español, «hay un contrato con la empresa proveedora de trabajadores para montaje y la sala pero no se necesitó de un procedimiento administrativo para firmarlo ni está en ninguna plataforma de transparencia porque el Principal es una empresa mixta.”, extremo que niega tajantemente fiscalía, que en su escrito deja meridianamente claro que “este «poder adjudicador» debe tramitar sus contratos como una administración pública«.
Paradójicamente, los trabajadores incluidos en la contrata denunciaron ante los tribunales, entre otras muchas irregularidades vinculadas a su situación laboral, que sus salarios estaban muy por debajo del SMI y que en muchas ocasiones sufrieron retrasos de semanas en sus pagos, por lo que se abren multitud de incógnitas alrededor del uso de la ingente cantidad pagada por el teatro a cambio de este servicio.
Varias empresas, misma dirección
Entre las irregularidades denunciadas por fiscalía, destaca el que en palabras de esta, constituye un «monopolio» de facto a favor de la empresaria Sonia María Blasco, quien a través de diferentes empresas, todas bajo su dirección, acaparó desde 2005 el servicio de azafatas de la institución, a cargo de Padilla desde las mismas fechas.
De acuerdo al documento de fiscalía, Blasco Rebollo comenzó a prestar servicios al Teatro a través de empresa SINERESIS SL, si bien a partir del año 2010 está mercantil fue absorbida por CPM Expertus, en cuya dirección se mantuvo hasta su quiebra, tras la cual continuó prestado el mismo servicio ininterrumpidamente y hasta la actualidad como responsable de las sociedades Roi Plus Outsourcing SL y de GO Group SL, ambas bajo el mismo domicilio social.
Un hijo «enchufado»
Por si estos hechos no revistieran la suficiente gravedad, la fiscalía anticorrupción da por acreditado que Carlos Formigós Padilla, hijo de la subdirectora del teatro, fue contratado por las empresas de Blasco Rebollo, al menos desde 2005, cuando entró a formar parte de Sinéresis SL, permaneciendo hasta el 2011, cuando esta pasó a denominarse CPM Expertus tras su absorción.
En su currículo, Formigós aseguraba (antes de eliminarlo de sus redes) que coordinó «grandes eventos con más de 400 participantes para teatros y salas de conciertos«. En aquel momento el único teatro a cargo de CPM Expertus en toda la provincia era el principal de Alicante.
En una entrevista concedida a la SER en 2015, el propio Formigós afirmaba que abandonó su puesto de trabajo en Alicante para buscar nuevas oportunidades en el extranjero por recomendación de su madre. Curiosamente en esa misma fecha entraba en la dirección del Teatro el socialista Francesc Sanguino.
Maria Dolores lo niega todo
Preguntada por Radio Alicante, la subdirectora ha negado todas las acusaciones, respaldada en su gestión por el concejal de cultura de la corporación municipal y todavía militante de Ciudadanos, Antonio Joaquín Manresa. Sorprendentemente, Padilla afirma no tener conocimiento de la acusación formulada por el ministerio fiscal, pero asegura que todo está en manos de sus abogados y su hijo ya ha borrado cualquier referencia a las empresas implicadas de la mayoría de sus redes.
Pese a todo, la contundencia de las pruebas y la gravedad de los presuntos delitos que de las mismas se derivan, han llevado a que fiscalía considere la existencia de «indicios razonables» de fraude en la contratación, fraccionamientos de servicios, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tal y como ya adelantó este diario.
A la espera de las pertinentes notificaciones y de la formulación del escrito de acusación de las partes, queda por saber si Padilla pondrá su cargo a disposición de la institución una vez formalizada su imputación por los hechos descritos.
[…] dueña de la empresa y María Dolores (la directora del teatro) eran amigas, hasta el punto de que el hijo de esta había trabajado con nosotros cuando éramos CPM Expertus, pero lo que ya fue el colmo, es que cuando el Teatro publicó sus […]