La responsable del Teatro Principal de Alicante (PP) admite haber concedido «a dedo» y sin publicidad contratos públicos por más de 180.000 euros

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Continúa el inexplicable sainete del Teatro Principal de Alicante. El pasado miércoles, María Dolores Padilla, subdirectora de la institución, se pronunció en conversaciones con El Español, a cerca de la precaria situación que denuncian los trabajadores despedidos.

En sus declaraciones, además de negar las acusaciones hacia la institución calificándolas de “mentiras”, admitió que existe un contrato con la empresa proveedora de trabajadores para montaje y la sala (Go Group Madrid Staff and Events SL, y Roi Plus outsourcing & sales SL), pero que este no es público, puesto que no se necesitó de un procedimiento administrativo ni está en ninguna plataforma de transparencia porque el Principal es una empresa mixta.

Caos en el Principal

Lo cierto es que el teatro Principal de Alicante no es una empresa mixta, sino una comunidad de propietarios en la que participan a partes iguales, tanto en su financiación como en su control directo el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Banco Sabadell.

Pese a todo, ningún partido quiere hacerse responsable de la patata caliente del Teatro Principal. El PP y Ciudadanos, responsables de la institución desde el Ayuntamiento e impulsores de Padilla en el Cargo de subdirectora, han ofrecido a la Generalitat una oferta para comprar su parte, respondida con una contra oferta de esta, dirigida por PSOE y Compromis, para comprar la del Ayuntamiento y convertir al coliseo en una plataforma de promoción de la lengua valenciana. Mientras tanto, todos son responsables, pero ninguno quiere saber de los pormenores organizativos de la institución, que se dirige hacia un mayúsculo escándalo en los tribunales.

Posible delito

El hecho de que el 66% de los fondos de la institución procedan y estén gestionados por sendas administraciones públicas, sometería automáticamente al Principal a la ley de contratos del sector público, muy clara en este aspecto.

Su artículo 3.3 no deja duda alguna cuando establece la consideración de poderes adjudicadores (es decir, contratistas sometidos a control público) a «todas las demás entidades con personalidad jurídica propia (…) que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador (es decir, administración pública), bien financien mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.«

Aunque los contratos no pueden consultarse, es fácil intuir su valor revisando la sección de transparencia del Teatro. En ella puede observarse que en año 2022, se presupuestó el servicio de azafatas y montajes bajo el concepto «Otros servicios (azafatas, carga y descarga, escenario, material. limpieza, material. oficina)» por un valor de 180.000€. En 2021, el “personal de apoyo de escenario y sala” se ejecutó por 161.249,08€.

Estas desorbitadas cifras no solo distan mucho del límite de 14.999€ que la ley impone para los contratos menores que pueden adjudicarse a «dedo», sino que resultan todavía más inexplicables, cuando, en base a la demanda interpuesta por el Sindicato Independiente, las azafatas percibían una media de 350€ al mes, cifra algo superior para los montadores, pese a que tampoco alcanzaban nunca el SMI.

A la vista de estos hechos, y según las declaraciones de Padilla, colocada al frente de la institución por el PP, esta podría ser responsable no solo de delitos contra los trabajadores, sino de presunta malversación y cohecho de llevarse la situación ante la jurisdicción penal.

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