Mientras se suceden las dimisiones políticas por escándalos académicos, el partido de Abascal mantiene en el cargo a la diputada en Les Corts Valencianes Ana Vega, cuyo curriculum miente sobre su formación desde 2020.
En las últimas semanas, España ha asistido a una cascada de dimisiones políticas por falsificación o maquillaje de currículums. Una nueva ola de escrutinio público y exigencia ética ha barrido a políticos de distintos partidos por atribuirse títulos u oposiciones que no poseen o para los que carecen de estudios. Sin embargo, el caso de de Ana Vega, diputada de Vox en Les Corts Valencianes, permanece ajeno a las polémicas, pese a destaparse en 2020.
En noviembre de 2020, el diario ABC destapó que la entonces sindica, se atribuía entre sus méritos profesionales, el puesto de «Agente de inspección tributaria en SUMA. Gestión tributaria», cargo en un organismo público dependiente de la Diputación de Alicante, al que se accede solo por oposición, de la que esta carecía. Casi cinco años después, el currículum oficial de Vega sigue sin modificarse.
Al igual que con otros dirigentes cuyo currículum también ha sido sometido al objetivo público, llama poderosamente la atención la cuasi inexistente trayectoria profesional de Vega. La diputada de Vox se mantiene en su escaño desde hace casi seis años, percibiendo un salario público cercano a los 90.000 euros al año, sin embargo, antes de militar en Vox, la alicantina apenas había facturada 450 euros con su actividad como abogada, tal y como refleja su propia declaración de bienes ante las Cortes Valencianas, evidenciando que su único oficio y por ende, beneficio, procede de militar en las filas de un partido.
Un engaño curricular ignorado
En el contexto actual, esta falsedad académica sería motivo de dimisión inmediata, sin embargo, Vox ha optado por ignorar el escándalo, manteniendo a Vega en su escaño como representante del partido en la Comunidad Valenciana.
Lo que debería haber sido una crisis interna de ética política, solo denota como Vox ha normalizado la impunidad institucional dentro de sus filas, mientras otros partidos se han visto forzados a reaccionar con dimisiones, ceses y rectificaciones, con escándalos como el de José María Ángel Batalla (PSOE) o Noelia Núñez (PP).
El contraste con las dimisiones recientes
En los últimos días, Ignacio Higuero (Vox), consejero en Extremadura, se ha visto abocado a abandonar el cargo tras descubrirse, en un caso similar al de Vega, que no tenía la licenciatura en Marketing que figuraba en su CV.
Sin embargo, la actitud de Vox en este y otros casos pone de manifiesto una doble vara de medir. El partido que se presenta como azote de “la casta” y defensor de la “honradez” no ha dudado en tapar irregularidades propias mientras exige pureza moral a sus rivales, forzando la dimisión de Higuero en Extremadura solo cuando el escándalo fue irrefutable, y no por convicción ética, como parece que demuestra el hecho de que Vega continúe ocupando un escaño en Valencia, pese a que el engaño está documentado desde hace años.
Un caso paradigmático del cinismo político
El escándalo del currículum de Ana Vega no solo es un problema personal, sino un reflejo institucional de cómo la política española ha degenerado en un pozo de corrupción institucionalizada, y un fraude a los votantes, en el que los partidos, lejos del servicio público, utilizan a las instituciones como tabla de salvación frente a la dura realidad que el mercado laboral supondría a los cuestionables méritos personales de sus líderes.
Cuando el descrédito de las instituciones crece, la respuesta debe ser más transparencia, más control y más rendición de cuentas, de lo contrario, seguiremos asistiendo a la repetición de un patrón tóxico: mentir sale gratis si nadie te exige responsabilidad.
Ana Vega no ha dimitido. Su currículum sigue falseado. Vox sigue mirando hacia otro lado.
