¡Andalucía planta cara a la okupación con un cerrojo de cinco años que deja a los condenados fuera del juego de las viviendas protegidas! La nueva Ley de Vivienda, aprobada este miércoles en el Parlamento andaluz con los votos del PP y abstención de Vox, veta a quienes tengan sentencias firmes por usurpación el acceso a VPO (Viviendas de Protección Oficial) durante al menos cinco años, un mazazo que el Gobierno de Juanma Moreno califica de «medida de justicia social» para priorizar a familias vulnerables y frenar el abuso de un sistema diseñado para los necesitados. ¡Imagina: un okupa condenado pierde no solo su libertad temporal, sino el derecho a beneficiarse de subsidios públicos para un techo –un pulso que responde a 2.500 desalojos anuales en la región y un boom de ocupaciones que devora barrios enteros! Con el PSOE en contra –»Es punitivista y estigmatiza»–, esta norma no solo endurece el filtro para compradores; extiende el veto a herederos y cónyuges, blindando un parque de 50.000 VPO que ya colapsa por listas de espera eternas.
El veredicto parlamentario llegó tras un debate que olió a pólvora ideológica, con el PP defendiendo la ley como «un pacto por la vivienda digna» que equilibra protección social y orden público. «No podemos permitir que quienes vulneran la ley se beneficien de ayudas públicas», tronó el consejero de Fomento, Vicente Fernández, recordando cómo el 20% de las VPO en Andalucía enfrenta demandas por impagos o fraudes. La reforma, que modifica la Ley del Suelo de 2002, impone un «período de carencia» de cinco años para condenados por okupación –extendible si hay reincidencia–, y obliga a los ayuntamientos a verificar antecedentes en las solicitudes de VPO. No es un capricho: responde a un repunte del 15% en ocupaciones ilegales en 2024, con barrios como La Palmilla en Málaga o las 3.000 viviendas okupadas en Sevilla que sangran el erario público en desalojos judiciales que cuestan millones.
Pero el pulso no acaba en la okupación: la ley amplía el veto a deudores hipotecarios en mora y herederos de okupas, asegurando que el subsidio no caiga en manos que «no respetan el bien común». El PSOE, con 30 diputados, votó en contra: «Es una ley punitiva que no resuelve la escasez de vivienda; estigmatiza a vulnerables», criticó el socialista José Antonio Pérez Tapias, exigiendo más inversión en obra pública en vez de «castigos simbólicos». Vox, con 12 escaños, se abstuvo por «falta de dureza»: «Cinco años es poco; pedimos cadena perpetua para okupas reincidentes», ironizó su portavoz, Macarena Olona. El resultado? 58 votos a favor (PP), 30 en contra y 12 abstenciones, un triunfo que Moreno celebra como «victoria para las familias trabajadoras».
Esta norma no es un parche; es un muro que podría inspirar reformas nacionales en un país donde la okupación devora 70.000 viviendas al año. ¿Salvará el parque de VPO, o será otro dique contra la marea de la pobreza? En Agencia6, el termómetro de la vivienda sube con esta blindaje andaluz: ¡okupas fuera, familias dentro! ¿Apoyas la prohibición? Comparte en comentarios y síguenos para más batallas por el techo digno – porque una VPO no es un premio; es un derecho.
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