Las pancartas del Palau de la Generalitat han sido retiradas este viernes al mediodía por los operarios del edificio público. Lo han hecho después de que el Departament de Economia que dirige Pere Aragonès se haya adelantado retirando el lazo blanco de grandes dimensiones que figuraba en una de las ventanas de la fachada principal. De esta forma, el Govern ha querido evitar poner en el foco a los Mossos, que habían recibido la instrucción de la Junta electoral Central (JEC) de que actuaran para retirar esta simbología de los principales edificios públicos de la Generalitat antes de las 15:00 horas.
La retirada se ha hecho efectiva primero en la sede de la Generalitat, en plaza Sant Jaume, a las 12:26 horas. Posteriormente se ha extendido al resto de conselleries de la Generalitat a pesar de que el president Torra había expresado, también por escrito, su determinación de no dar ninguna orden al respecto. Desde la policía autonómica han evitado actuar confiando en que cada Departamento retirara de motu propio la respectiva simbología de sus sedes, como finalmente ha sucedido.
Torra anuncia una querella contra la JEC y anima a llenar los balcones de estelades y lazos amarillos
La retirada de la simbología ha coincidido con la emisión de un comunicado del presidente catalán en el que “invita y anima a los ciudadanos a llenar los balcones de pisos y casas con banderas y lazos amarillos” ante la prohibición de la Junta Electoral Central (JEC), anuncia un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la autoridad electoral y una querella por un presunto delito de prevaricación de este organismo del Estado. Además, en la nota Torra también reafirma que no se detendrá en la defensa de la libertad de expresión, “con todas las consecuencias que deba asumir”.
La JEC decidió este jueves por la tarde actuar contra el president por su negativa a retirar los lazos, las estelades y las pancartas, instando al conseller de Interior, Miquel Buch, a que ordene a los Mossos que quiten todos estos símbolos. La autoridad electoral dio de plazo hasta las 15.00 horas para que la policía catalana acatara sus órdenes y estableció que si los Mossos no cumplían, se requeriría el precepto de la Policía Nacional para que este cuerpo procediera a la retirada. La JEC también apercibió a Buch de que, en caso de que los Mossos no cumplieran, podrían incurrir en responsabilidades administrativas y, en el caso del conseller, penales.
