La multinacional Burguer King, a través de la empresa Quick Meals Ibérica, compró el usufructo en 1997 a una familia que había donado una parcela al Ayuntamiento de Benidorm. La licencia emitida y firmada por el entonces alcalde popular Vicente Pérez Devesa, dejaba muy claro que la actividad del local debería cesar el 14 de enero de 2008, sin embargo, las hamburguesas se estuvieron sirviendo hasta septiembre de 2016 con el consentimiento de los políticos locales. Lo peor del caso es que mientras estaba en vigor el usufructo, el propio Ayuntamiento, con anuencia de la multinacional que ocultó la operación, se vendió parte de la parcela donada a un hotel colindante, tal y como se refleja en un auto de los Juzgados de Benidom. Aquella operación sigue a día de hoy sin aparecer en el Registro de la Propiedad de la capital turística de la Costa Blanca, ni tampoco aparece la venta en el registro de Patrimonio Municipal emitido por el propio Consistorio. Todos los partidos políticos han intentado ocultar algo que atufa a corrupción, no en vano esta empresa está investigada en Valencia y Madrid por presunta financiación del PSPV-PSOE.
Todo daba inicio en el año 1997. Problemas particulares llevaron a la familia Mora Gavaldà a tener que vender la parcela que habían comprado en 1980 justo delante del viejo cementerio de Benidorm, cercano a la Playa de Poniente. Una parcela de 575 metros cuadrados donde había un restaurante, y que cada metro «valía oro».
Pepe Mora, el padre de familia, habló con el entonces alcalde popular Vicente Pérez Devesa ofreciéndole la parcela al municipio, llegándose al acuerdo de donar los terrenos para venderlos a terceros, y así poder capitalizar el dinero que en aquellos momentos necesitaban los Mora Gavaldà para salvar la visión de uno de sus hijos. El Ayuntamiento de Benidorm aceptó en Pleno la donación el 1 de septiembre de 1997 cuando todavía no se había donado la parcela ante anotario como exige el Código Civil, una operación que tuvo lugar el 8 de octubre de aquel año, cuarenta días después.
Aquella mañana, el notario de Benidorm José Ramón Rius Mestre también firmó la venta del usufructo de la familia Mora Gavaldà a la empresa Quick Meals Ibérica, responsable de montar en buena parte de España los locales franquicia bajo el nombre de Burguer King. Las condiciones eran, entre otras, que cumplidos diez años desde el otorgamiento de la licencia de obras para la hamburguesería, Burguer King debía abandonar la parcela, cancelar el usufructo entre todas las partes, y en ese momento los terrenos serían parte del patrimonio de todos los benidormenses.
Pero en todo ese recorrido hubo cosas que han ido saliendo a la luz en los últimos tiempos. El Ayuntamiento otorgó la licencia de obras en enero de 1998, y por tanto debía abandonar los terrenos en enero de 2008. Una vez llegada la fecha, argumentaron que la licencia se otorgó en junio de 2001, por lo que según la empresa de hamburguesas, la cosa vencía en junio de 2011. Una treta de difícil explicación cuando la licencia de apertura del propio local, según demuestra Agencia6, dejaba bien claro en su parte superior el día donde se deberían cerrar las puertas al amparo de lo fimado ante notario. Aquí pueden verlo Ustedes:
Mientras tanto, en el año 2009 hubo cambio de gobierno en la ciudad a través de una moción de censura. Los populares dejaron paso a los socialistas, y unos meses más tarde, en junio de 2010, una vez ya había transcurrido y vencido el plazo del usufructo, el entonces alcalde Agustín Navarro acude a aceptar la donación de 1997. ¿Por qué desde el PP nadie quiso aceptar aquella donación de los Mora- Gavaldà durante casi trece años?. Es todo un misterio, pero fácil de entender cuando se despeja otra de las incógnitas de esta trama que deberá dilucidarse ante los Tribunales de Justicia.
Resulta que justo un mes después de entregar la licencia de apertura del local del Burguer King a la empresa, hubo una operación por la que se vendió al Hotel Tres Coronas, colindante con los terrenos donados, la cantidad de 116,40 metros cuadrados por los que se pagaron 9.492.739 pesetas. Esa operación, a día de hoy, sigue sin aparecer en el Registro de la Propiedad de Benidorm ni tampoco en los informes del patrimonio del Ayuntamiento de Benidorm. Aquí podemos verlo en un informe muncipal de 2012:
¿Cómo pudo vender el Ayuntamiento de Benidorm parte de la parcela donada si ni tan siquiera se había aceptado como exige la Ley ante notario para cosumar la operación?. Pues lo hizo sin ser tener la propiedad, ya que en julio de 2001, la venta se hizo cuando estaba en vigor el usufructo, sin que el donante supiera nada ni se le informase de tales decisiones
Es en 2013 cuando el propietario donante de la parcela, al ver que los años pasaban y Burguer King seguía instalado donde no debía, lanza la voz de alarma ante algunos miembros del Consejo Vecinal de la ciudad. Se pone en marcha una investigación encabezada por José Antonio Corachán Marzal, y se empieza a descubrir que la empresa estaba ofreciendo comida y haciendo cajas millonarias sin licencia de apertura y con la anuencia y complicidad de los políticos locales. De todos ellos, en ese momento PP, PSOE y Liberales.
En una de las reuniones de los presentantes vecinales, el tándem Agustín Navarro y Gema Amor, gobernando la ciudad, exponen a los presentes que Burguer King se niega a abandonar los terrenos pese a lo firmado, y que en caso de forzar su salida, «la indenmización que solicitarían rondaría el 1.497.000 euros», tal y como dijo la líder de los Líberales y mano derecha del alcalde socialista en aquellos momentos.
Una empresa que debía haber abandonado unos terrenos en 2008, plantó cara en 2013 al pueblo de Benidorm exigiendo casi 1.500.000 euros por abandonar un terreno que habían ocupado sin pagar muchos años y sin licencia de apertura
Fue entonces cuando los benidormenses empezaron a sospechar que tras todo ello había algo muy oscuro. No era normal que un Ayuntamiento que multa y sanciona desde el primer minuto a cualquier establecimiento o vecino por incumplir las normativas, permitiera a una multinacional dar comidas sin licencia y sin pagar por el uso de los terrenos donados. De ahí que haya ido cogiendo fuerza lo que se investiga en los Juzgados de Valencia y Madrid sobre financiación ilegal de los socialistas valencianos, donde aparece esta empresa como donante según informes de la propia Agencia Tributaria.
La familia donante pidió explicaciones al Ayuntamiento por el comportamiento sobre la parcela donada, y ante la falta de respuesta y la ingratitud hacia los bienes y personas donantes, decidieron revocar la donación ante el notario Puras Ripollés el 24 de abril de 2014.
En el Ayuntamiento intentaron esconder la revocación, y de hecho no se elevó a Pleno para debatirla y votarla. Se limitó el alcalde a dar conocimiento de un decreto firmado por él mismo, donde incluía y mezclaba en el texto la apertura de un deshaucio administrativo contra la empresa. Ahí fue cuando supo el pueblo de Benidorm en boca del alcalde que Burguer King había ofrecido 400.000 euros por seguir en la parcela dondada, cantidad que duplicó hasta los 800.000 euros días después. Estaba claro que había interés por seguir en ese lugar estratégico de la ciudad vendiendo patatas y hamburguesas, amén de alguna que otra cosa supuestamente ilegal con los políticos.
A todo ello, el Ayuntamiento de Benidorm a través de sus políticos se puso a los pies de Burguer King facilitándole el traslado a doscientos metros del lugar, en un punto de la Avenida Jaime I donde se instaló una vez cerró el viejo local en septiembre de 2016. Fue lo nunca visto, todos «perdieron el culo» ayudando a la multinacional, mientras iban cerrando locales por la ciudad a la más mínima controversia entre empresarios y administración.
Lo curioso de todo este asunto es que el responsable de Quick Meals Ibérica en Benidorm es un ex concejal de Ciudadanos, Eugenio García, quien conocío el caso desde el primer minuto y jamás ha querido dar explicaciones de las múltiples dudas a vecinos y familia donante. PP, PSOE y Ciudadanos cogidos de la mano en esta causa
Desde PP y PSOE nunca quisieron abordar este asunto en serio porque ambos saben lo que se ha cocido con este asunto. Altos cargos del Partido Popular confirmaron a Agencia6 que ellos también se beneficiaron en campañas electorales donde Quick Meals Ibérica «llegó a pagar el merchandising», tal y como nos confirmó un diputado nacional de los populares recientemente.
Y como quiera que el Ayuntamiento de Benidorm no ofreció explicaciones ni afrontó la revocación de la donación a la familia Mora Gavaldà, la cosa llegó a los Juzgados de la ciudad, y en un un auto reciente (D.P.958/2016) del de Instrucción número Dos de Benidorm, se decreta sobreseimiento provisional. Se da la circunstancia que en el autor del juez se destapa por primera vez de forma documentada lo que era vox populi. El Ayuntamiento confirmó al Juzgado que en 2001 se había vendido parte de la parcela donada al Hotel Tres Coronas. Una venta que, como ya hemos dicho, no aparece a día de hoy ni en el Registro de la Propiedad, ni en Patrimonio Municipal, ni en parte alguna. ¿Estamos ante unos hechos delictivos, o es invención de la prensa?.
Fuese como fuere, Agencia6 se ha puesto en contacto con José Antonio Corachán, quien lideró la investigación en su momento, y ante tal confirmación de la venta de parte de la parcela ha asegurado que «la cosa se agrava al tener la certeza que se vendió sin realizarlo como establece la Ley a través de subasta pública, y lo hicieron quienes en ese momento no eran propietarios de la parcela, porque había un usufructo hasta el 2008, y por si fuera poco, no aceptaron la donación hasta diez años más tarde de realizada la venta de parte de los terrenos». Según afirmó Corachán, «por la dignidad de Benidorm, este asunto debe aclararse, bien en los juzgados de aquí o en la Audiencia Provincial de Alicante, pero no podemos cruzarnos de brazos ante tal incumplimiento de quienes juran y prometen cumplir y hacer cumplir la legalidad».
Por su parte, Pepe Mora afirmaba a Agencia6 que esta misma semana «he ido a pedir una nota simple en el Registro de la Propiedad y todo sigue igual. Ni aparece la venta, ni la segregación de los viales que se construyeron en su momento y que pagué a precio de oro, ni aparece la cancelación del usufructo ni nada de nada. La familia se siente engañada, estafada y esa ingratitud la van a tener que pagar con la Ley en la mano«.
Agencia6 puede confirmar que las denuncias contra Burguer King, alcalde, concejales y funcionarios ya están en marcha. El juez tendrá que abrir de nuevo la causa amén de otras denuncias que puedan ir por otras vías con nombres, apellidos e incluso siglas políticas.
