El Gobierno ha aprobado un préstamo de 10.003 millones de euros a la Seguridad Social para cubrir la paga extraordinaria de noviembre en pensiones, un crédito a fondo perdido e interés cero previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados de 2023. La medida, que engrosa la deuda del organismo, se enmarca en una «mejora financiera» según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, pese al déficit crónico del sistema.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, lo ha anunciado en la rueda de prensa de datos de empleo de octubre, que registraron la creación de 142.000 puestos de trabajo, impulsados por el sector educativo. «Este préstamo no indica que las cosas vayan peor; al contrario, refleja una situación más sólida», ha defendido Suárez, destacando la reducción del déficit de 1,5 puntos del PIB en 2023 a 0,5 en 2024. El fondo de reserva («hucha de las pensiones») cerrará 2025 con más de 14.000 millones de ingresos, y las cotizaciones crecen un 6,8% interanual, superando en 8.400 millones la cifra del año anterior.
Sin embargo, la Seguridad Social arrastra una deuda de 126.178 millones de euros (7,7% del PIB), casi toda con el Estado por préstamos similares. Desde 2022, ha aumentado un 19% (20.000 millones más), aunque estable a efectos fiscales. El gasto en pensiones contributivas roza los 10.000 millones mensuales, con un déficit de 55.919 millones en el año: los ingresos por cotizaciones no cubren el desembolso, y una porción creciente se financia con impuestos vía PGE. El ingreso mínimo vital y complementos a mínimos, no contributivos, justifican transferencias, pero el debate académico cuestiona si es óptimo destinar recursos fiscales a déficits contributivos.
El Gobierno asume esta dinámica como «coherente», pero opositores y economistas piden reformas estructurales para equilibrar cotizaciones y pensiones, ante el envejecimiento poblacional.
