Sergi, un adolescente de 14 años que luchó cuatro años contra la leucemia desde los cinco, ha recibido una carta certificada de la Agencia Tributaria de Cataluña exigiendo el pago inmediato de 5.000 euros por supuestos «pagos de más» en una prestación social. Su madre, Mar, una progenitora monoparental, denuncia: «Me dijeron que si no pagaba yo, cuando él tuviera su primer trabajo, le embargarían las cuentas».
La pesadilla comenzó en mayo, cuando la misiva llegó a casa de los abuelos de Sergi, a nombre del menor. Un año antes, una notificación inicial por 4.000 euros se envió a una dirección desactualizada, acumulando intereses y publicándose en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Así es como un niño de menos de 10 años figura como deudor público de la administración», relata Mar, visiblemente indignada, en una entrevista para 3CatInfo.
Sergi fue diagnosticado con leucemia en 2011 y tratado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Aunque la sanidad pública cubría el tratamiento principal, la familia afrontó gastos extras: complementos vitamínicos, gasolina para desplazamientos y aparcamiento en cada consulta u hospitalización. En 2016, Mar solicitó la ‘Prestación económica para menores en situación de riesgo’ de la Generalitat, recibiendo 263 euros mensuales que aliviaban la carga económica.
El error administrativo es clamoroso: un cambio en el cálculo de la ayuda en 2012 redujo la cuantía, pero Derechos Sociales e Inclusión no lo aplicó correctamente, pagando de más a las familias. «No somos culpables; seguimos las indicaciones del asistente social y del hospital», insiste Mar. Al acudir a la Agencia Tributaria, los funcionarios admitieron su sorpresa ante una «multa a un niño», pero advirtieron de las consecuencias: embargo futuro si no se paga.
Mar no es un caso aislado. Al menos 60 familias catalanas enfrentan la misma reclamación por esta prestación, destinada a menores en riesgo (de 0 a 18 años, con cuantías variables por edad). Acudió al Síndic de Greuges –el Defensor del Pueblo catalán–, que confirmó el fallo de Derechos Sociales, no de las familias. Sin embargo, la Generalitat ni ha subsanado el error ni se ha disculpado. «Aún espero una respuesta oficial que cancele la deuda», lamenta Mar.
Sergi, hoy en remisión pero sin alta médica definitiva, ve su futuro empañado por una burocracia implacable. Este caso expone las grietas en el sistema de protección infantil de Cataluña: ayudas mal calculadas que convierten a víctimas en deudores. Fuentes del Síndic de Greuges confirman que investigan los 60 expedientes, pero la inacción de la Generalitat genera indignación. ¿Hasta cuándo tendrán que pagar los más vulnerables los errores de la administración?
