Según la sentencia a la que ha tenido acceso Agencia6, el alcalde socialista de Castril entre 2007 y 2011 favoreció a una prima hermana suya con el fin de obtener una subvención del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. El Tribunal Supremo prueba que Juan José López Ródenas «proporcionó el disfrute de dinero público por parte de quién no cumplía los requisitos legales exigidos para ello e impidió o pudo impedir la asignación de esos fondos a otro u otros ciudadanos»
Juan José López Ródenas pertenece al núcleo duro del socialismo andaluz, al actual «susanismo» que los propios andaluces rechazaron en las urnas hace año y medio. Posiblemente las tretas urdidas por alcaldes del PSOE como el ex primer edil de Castril contibuyesen al fin de cuarenta años de unos dirigentes que han provocado desde la Junta de Andalucía la mayor condena por corrupción que se recuerda en la Europa moderna, los EREs.
Ahora, en sentencia firme, el Tribunal Supremo condena al ex alcalde socialista castrileño a ocho años de inhabilitación por actuar en contra de su pueblo utilizando fondos públicos a sabiendas de ello. Por si fuera poco, López Ródenas tiene pendientes otras causas pendientes ante la Justicia, como son los 2.937 euros que gastó del dinero de todos en «líneas calientes y eróticas», los 47.000 € gastados en servicios de taxi, o el agujero de 270.000 euros que dejó en las cuentas de la Fundación Saramago.
Todo arrancaba en un Pleno Municipal de Castril en el año 2008. La Junta de Andalucía había puesto en marcha un plan de ayudas destinadas a la rehabilitación de viviendas en estado precario con el fin de mejorar la calidad de vida de quienes vivieran en ellas, y Castril, como sucede en todos los pueblos, también tiene entre sus vecinos a personas humildes sin capacidad de invertir miles de euros en esos menesteres.
Días antes de la celebración del plenario, un fax enviado desde Cataluña firmado por una prima del alcalde socialista hacía la petición de formar parte del colectivo de posibles beneficiados. En fecha de 14 de mayo de 2008 tuvo entrada en el registro municipal de Castril de la Peña, solicitud de Irantzu Ródenas Fernández, prima hermana de Juan José López Ródenas, -alcalde del municipio en ese momento- para acogerse al
Programa de Transformación de Infravivienda respecto del inmueble propiedad de sus padres Antonio Ródenas Alcázar y Flora Fernández Martín sita en la Calle La Solana s/n de Castril, acompañando aquella un contrato de arrendamiento celebrado sobre dicha vivienda en fecha de 1 de enero de 2006, contrato que sin embargo no respondía a la realidad pues la referida Irantzu Ródenas Fernández no ha residido en ningún momento en dicha vivienda, encontrándose por tanto la misma deshabitada pese a lo cual y siendo conocedor Juan José López Ródenas, alcalde de Castril en fecha de 19 de junio de 2008, que su prima, Irantzu Rodenas Fernández, no reunía los requisitos para ser beneficiaria de la subvención, (pues aquella no residían la vivienda siendo además un requisito exigido por el ya citado artículo 62 del decreto 149/2003 de 10 de junio que la vivienda en cuestión estuviera habitada), votó en la sesión plenaria del celebrada en la referida fecha 19 junio de 2008 a favor del acuerdo por el que se aprobaba la relación definitiva de beneficiarios de la segunda fase del Programa de Transformación de Infravivienda, certificándose en consecuencia que la referida Irantzu Rodenas Fernández y otras personas reunían dichos requisitos, dándose traslado posteriormente de dicha certificación a la Delegación
Provincial, para su aprobación definitiva. Como diría un castizo, «el lobo estaba guardando a las gallinas»
Con esta «jugada», el ex alcalde socialista logró que a su prima «la catalana» le otorgasen una subvención de 36.119,20 euros de forma totalmente ilegal como han demostrado los tres tribunales de Justicia por los que ha pasado la causa
Aquella irresponsabilidad del máximo mandatario local de Castril fue puesta en conocimiento de la Fiscalía del Juzgado de Instrucción de Huéscar, derivando todo en un procedimento abreviado (P.A. 10/2017), a través de la acusación particular de Miguel Ortiz, ciudadano de Castril, y también desde el Ayuntamiento de la localidad. En Huéscar, su único juzgado investigó y puso a disposición del Juzgado de lo Penal número 4 de Granada la celebración del juicio oral con el Rollo 354/2018, quien condenó en primera instancia a López Ródenas.
Posteriormente, el ex primer edil apeló a la Audiencia Provincial de Granada, quien ratificó la condena por prevaricación administrativa a través de la sentencia 149/2019
No conforme con el daño ocasionado a su pueblo, el socialista siguió intentando dilatar su condena definitiva recurriendo en casación ante el Tribunal Supremo, quien también ratificó las condenas previas en el auto 399/2020 de fecha 5 de marzo de 2020, siendo el presidente de la sala de lo Penal que revisó la causa el prestigioso Magistrado Don Manuel Marchena Gómez.
La actual Corporacion Municipal presidida por Miguel Pérez ha mostrado su satisfacción al entender que se hace Justicia en beneficio de todo el pueblo de Castril tras años de lucha por dignificar con hechos la irresponsable gestión municipal en tiempos pasados
Agencia6 ha contactado con el actual alcalde de Castril, quien comentaba que “al llegar a la Alcaldía de Castril quise que todo mi pueblo supiera que mi equipo de gobierno y yo íbamos a luchar contra la corrupción y no permitir actuaciones contra la ley por parte de nadie. El Tribunal Supremo al confirmar ahora la pena de 8 años de inhabilitación del Sr. López Ródenas por prevaricación, nos da ánimo para seguir combatiendo a aquellos que han dilapidado dinero público en fines privados, como este caso en el que el condenado “regaló” 36.000 euros a su prima privando a gente necesitada de mi pueblo de esa cantidad, destinada a mejorar viviendas en mal estado. Esa conducta del sr. López Ródenas usando el dinero público para sí y su familia no podía quedar impune, como así ha sido.
Miguel Pérez ha agradecido el apoyo mostrado durante el proceso por todos los vecinos «y les traslado que seguiré peleando contra los corruptos con nuestro equipo de abogados que ha llevado este caso y trabajando por mi pueblo, para que todos vivamos mejor. Así entiendo que debe ser un servidor público. “
Estamos por tanto ante hechos y acciones que demuestran varias cosas. Una de ellas es que la Justicia funciona, y en casos como éste, de manera ejemplar. La otra es ver como gentes que adoran y quieren a su pueblo, como es el caso de Castril, no van a permitir atentado alguno contra los intereses de sus vecinos y su patrimonio, del que por cierto, y dicho sea de paso, tienen motivos para sentirse orgullosos.
