El ministerio de igualdad, que dirige Irene Montero (Unidas Podemos) ha licitado por 100.000€ una campaña publicitaria para la “sensibilización contra los estereotipos de género basados en los cánones de belleza femeninos”, que finalmente ha sido adjudicada por 85.000€ a la empresa The Tab Gang SL.
La cartelería muestra mediante un estilo cartoon, a una serie de mujeres que supuestamente disfrutan de la paya sin complejos, luciendo cuerpos peligrosamente obesos, sin depilar, o con emblemas LGTB en sus bañadores, muy alejados de la imagen ofrecida por la ministra Montero en reportajes como el concedido a la revista Vanity Fair en 2020 .
Más allá de la polémica suscitada por el mal gusto de la imagen, el desproporcionado precio de licitación, o el fomento de hábitos alimenticios poco saludables conducentes a la obesidad y que el cartel ostenta con orgullo, las redes han descubierto algo mucho más escandaloso.
Derechos de imagen e instagramers
Varios twitteros han identificado al menos a dos de las modelos cuya imagen ha sido usada en el poster sin su conocimiento ni consentimiento. Al parecer se trata de la instagramer británica Nyome Nicholas – Williams @curvynyome y de Raissa Galvão @rayneon, otra influencer brasileña, que tampoco ha sido informada del uso de sus fotografías en la ilustración del ministerio. El diseñador gráfico encargado de la cartelería se limitó a añadir pequeñas modificaciones y un filtro a sus imágenes para eludir la identificación, aunque a la vista queda que no ha sido suficiente para el agudo ojo de internet.
@curvynyome ya ha manifestado, mediante un mensaje en sus redes sociales, que nadie le informó del uso de su imagen y ni mucho menos ha percibido un solo euro por su aparición en la campaña del ministerio.
“Acabo de ver esto…mi imagen está siendo usada en una campaña del gobierno de España, ¡Pero ellos no me han preguntado si podían usar mi imagen o apariencia! ¡Una gran idea, aunque pobremente ejecutada! PREGUNTAD antes de usar mi imagen, o al menos podríais etiquetarme” Escribía la influencer, etiquetando en su mensaje a Ione Belarra, actual ministra de Derechos Sociales, para concluir diciendo “¿Alguien sabe de alguien con quien pueda contactar para solucionar esto?«
Los internautas están peinando la red ante la sospecha de que las dos chicas identificadas no son las únicas cuyas imágenes han sido empleadas en la campaña sin consentimiento.
No solo las modelos
Al parecer hay más plagios o usos ilegítimos de la PI ajena en la campaña, puesto que la tipografía empleada resulta ser la Houstander, propiedad de Typia Nesia y por cuyo uso debe abonarse la cantidad de 25,06 euros según refleja la web WhatTheFont.com . El autor de la fuente tampoco ha recibido pago alguno.
Es sumamente impactante que un gobierno que se dice progresista y defensor de los creadores, artistas e intérpretes abuse de una forma tan grosera de los derechos de imagen y propiedad intelectual de las jóvenes que emplea como imagen de campaña, pudiendo enfrentarse al pago de cuantiosas indemnizaciones por infracción de derechos, de los que sería responsable de acuerdo a la ley de contratos del sector público, la empresa encargada de la paupérrima campaña.
De lo que no cabe duda es que el daño para la imagen pública de España está ya hecho y resulta irreparable. Para colmo, el escarnio ha costado casi 100.000 euros de nuestro bolsillo.
