Era cuestión de tiempo. Los testigos que creían convencer a alguien al referirse a un «tal Toni» para justificar su labor en favor de la difusión del 1-O estuvieron en la cuerda floja, pero salvaron la situación. Al menos durante el interrogatorio. El primero contra el que la fiscalía ha pedido directamente al tribunal del ‘procés’ que deduzca testimonio contra él (abrir una investigación) para determinar si le ha mentido o ha faltado a la verdad deliberadamente ha sido Jaume Mestre, que sigue siendo responsable de Difusió de la Generalitat.
Mestre ha tratado de contestar a todas las preguntas del fiscal Jaime Moreno con monosílabos, como si su principal objetivo fuera aportar el menor número de datos posible. El problema es que sus «no recuerdo» se veían forzados, poco explicables, y el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha advertido de que la deducción de testimonio por falto testimonio no solo se produce cuando el testigo miente, sino también cuando trata de sustraer a la Sala «datos relevantes» para el esclarecimiento de los hechos.
Sus explicaciones sobre cómo coordina la difusión de las campañas de la Generalitat, pero no participó en la de Civisme, que quedó desierta, era difícilmente creíble. Aunque las empresas de publicidad renunciaran hasta a cobrar, él mismo admitió que la «había visto en los medios», gracias a la Corporació Catalana de Mijtans Audivisuals. Parecía que iba saliendo airoso del interrogatorio fiscal hasta que se ha tratado de desvincular de las facturas por 184.000 y 93.100 euros que la Corporaración pasó al Departamento de Presidència. Su directora, Nùria Llorach, que se negó a declarar ante el tribunal por estar imputada le había identificado en instrucción como la persona que se lo encargó.
Los intentos de la defensa por tratar de proteger al testigo, que al no estar imputado en ningún procedimiento está obligado a decir verdad, no fueron suficientes y tras la petición del fiscal, Marchena acordó pronunciarse sobre la deducción de testimonio solicitada en sentencia, una vez que se compare su declaración con la de otros testigos.
Nadie cobró
Para entonces, Mestre había explicado cómo todas las empresas de publicidad que participaron en las campañas del Registro de Catalanes en el Exterior y en Civisme, en la que se veían unas vías de tren y se hablaba de si se iba a renunciar al derecho a decidir, no cobraron por su trabajo, después de que el que era director general d’Atenció Ciutadana y Difusió, Ignasi Genovès, dijo que sus facturas «no se podían pagar». Y ni se han pagado ni se han reclamado.
Estudi Dada renunció a 10.829 euros. «¿NothingAd y Cardumen perdonaron 80.000 euros?» «Puede ser», respondió el testigo al fiscal, lo que llevó a repreguntarle: ¿Es normal que les condenen las facturas?», lo que fue respondido con un lacónico «no». En esa línea, Focus renunció a 158.344 porque los medios les contentaban que era «una campaña política» que no entraba en tarifa, sobre todo, en su segunda parte.
Ningún pago
El estilo del siguiente testigo fue totalmente contrario. El de extenderse en sus explicaciones mucho más allá de lo que exigían las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal y eso que está imputado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el que se investiga la preparación del 1-O. Tanto se extendía que el presidente del tribunal tuvo que recordarle que aunque puede auxiliarse en notas, no puede leer respuestas aunque sean lo que figuraba en el Diari Oficial de la Generalitat. Y más adelante le añadió que una cosa es que responda con detalle, con ejemplos de actividades y otra «que nos lea toda la memoria».
Se trataba de Alberto Royo, secretario del Diplocat hasta octubre del 2017, quien negó que desde este organismo de promoción de Catalunya en el extranjero se pagaran gastos de observadores internacionales para el 1-O.
Royo admitió que el 87% de los ingresos que percibe el Diplocat provienen de la Generalitat y el resto de entidades privadas asociadas. Madrigal pretendió demostrar con el interrogatorio que este organismo estaba dirigido desde el Govern, entre otras cosas porque su máximo representante era el presidente de la Generalitat. “No es un Ministerio del Exterior”, insistió, a la vez que precisaba que el objetivo del Diplocat es “la diplomacia pública”. Es decir, según su versión, “dar a conocer los activos de Catalunya, como aspectos económicos, paisaje, deportes”.
Y sobre el pago de 40.591 euros a través de una tarjeta de Diplocat, Royo explicó que este abono se enmarca en un programa de visitantes internacionales. En este caso, un grupo de diputados extranjeros estuvieron en Catalunya del 29 de septiembre al 2 de octubre. “Es una actividad muy habitual y que se hace cada mes”, recalcó. “Se realizó a petición de varios diputados catalanes que seguían la situación catalana. Ellos querían estar esos días en Catalunya para saber qué pasaba”, concretó. La profusión de sus palabras llevó a Marchena a recordarle que tendiera a contestar a la fiscala y que se cuidara de no contestar en contra suya, ya que se encuentra imputado en otra causa.
Respecto a la otra partida sospechosa, de 54.030 euros, que fue devuelta, explicó que fue una transferencia a Wim Kok, exprimer ministro de Holanda, para un estudio académico que, dijo, no tenía nada que ver con el 1-O. También fue preguntado sobre otros pagos de 2.600 euros al mes y que él ha atribuido a la traducción de unos artículos al inglés. “Diplocat no estuvo implicado en ningún referéndum y nos dedicamos a hacer nuestro trabajo que era dar conocer Catalunya en el exterior”, incidió el testigo.
