El decreto de Sánchez sobre los permisos de paternidad podría no tramitarse por inconstitucionalidad

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La Mesa del Congreso decidirá este jueves si admite tramitar el decreto ley que amplía de cinco a ocho semanas los permisos de paternidad, después de que Ciudadanos haya planteado dudas sobre la constitucionalidad de esta norma. Para ello, la Mesa tendrá en cuenta un informe que se ha encargado a los servicios jurídicos de la Cámara con el fin de determinar si un decreto ley aprobado por el Gobierno puede modificar una Ley Orgánica, algo que en opinión de Ciudadanos no puede hacerse, como ya sentenció el Tribunal Constitucional. La no admisión del decreto crearía una situación inédita en el parlamentarismo español, según el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, de Cs, quien está convencido de que en ese caso la norma no se daría por convalidada y no podría entrar en vigor el próximo 1 de abril, como aprobó el Ejecutivo. El PSOE acusa a PP y Cs de «rozar el delito» «Lo que ha ocurrido es muy grave», ha dicho el secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas. El diputado ha advertido a PP y Ciudadanos de que están llevando su postura «al límite del delito de prevaricación». En sus palabras, como la oposición ya no puede presentar enmiendas, usa «otras herramientas tramposas y fraudulentas». «Las excusas que están planteando son tan falsas como fraudulentas», continuó Simancas. Y miró a Cs: «Ya no se limitan al tongo en sus procesos internos, ahora quieren llevar el chanchuelleo al Congreso». Desde el grupo socialista, la pretensión de populares y naranjas es que «el Gobierno no gobierne» y terminó diciendo que los españoles «necesitan seguridad y certidumbre». Un hecho sin precedentes En este sentido, un informe de los letrados del Congreso ha certificado que la Diputación Permanente de la Cámara puede convalidar los decretos leyes aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero también ha abierto la puerta a modificarlos en plena campaña electoral, algo de lo que hasta ahora no había precedentes. Según los servicios jurídicos, la Diputación Permanente no solo está capacitada para convalidar los decretos leyes sino que también podrá tramitarlos como proyectos de ley, permitiendo que puedan ser modificados en el Congreso o en el Senado antes del 21 de mayo, que es cuando se constituyen las nuevas Cortes. Esa tramitación la puede pedir cualquier grupo y debe ser aprobada por mayoría en la Diputación Permanente, el único órgano parlamentario que permanece en funcionamiento y que asumiría todos los trámites posteriores en lectura única. El dictamen, que había sido solicitado por la Mesa que preside Ana Pastor ante la disolución de las Cortes, se ha examinado este martes. Precisamente Cs ha anunciado que pedirá que todos los decretos leyes del Gobierno sean tramitados como proyectos de ley.

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