Así se desprende del estudio ‘Estimación del impacto económico del agua del Trasvase Tajo-Segura para regadío en la Región de Murcia’, elaborado por el Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia y la Universidad de Murcia, y que hoy han presentado a López Miras
El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se reunió hoy con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, y el decano del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia, Ramón Madrid, quienes presentaron el estudio ‘Estimación del impacto económico del agua del Trasvase Tajo-Segura para regadío en la Región de Murcia’, elaborado por el Colegio de Economistas, la Universidad de Murcia y el IMIDA.
Las conclusiones de este estudio apuntan a que el cierre del acueducto supondría la pérdida de casi 45.000 empleos directos, 1.700 millones de euros del Producto Interior Bruto regional y la desaparición del 59 por ciento del sector agrícola de la Región de Murcia. A las consecuencias en términos de empleo se sumarían, además, los efectos en la industria agroalimentaria y la de transformación.
“Nos encontramos ante una gravísima amenaza, que podría dejar a casi 45.000 familias de la Región de Murcia sin ingresos, al perderse cerca de dos de cada tres empleos directos que hoy son posibles gracias a los recursos hídricos del Trasvase”, destacó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras el encuentro.
“El Gobierno central presentará el próximo lunes la nueva planificación hidrológica, en la que vendrán determinados los caudales ecológicos del Tajo, y esto va a condicionar el futuro de la Región. Estamos es un momento clave, de máximo desafío, tras los ataques continuos al trasvase por parte del Gobierno central”, añadió el consejero.
Asimismo, Luengo destacó que “actualmente no existe una fuente alternativa al agua del Trasvase que permita a los agricultores mantener el mismo volumen de producción agraria si se recortan los aportes, por lo que el Gobierno de Sánchez empujaría al abismo a decenas de miles de trabajadores y empresas, en una situación sin precedentes en la historia de España”.
El informe presentado hoy también recoge el impacto directo que las modificaciones provocarían en la economía regional, donde el importe de la bajada de Producto Interior Bruto sería de alrededor de 1.700 millones de euros anuales, mientras que la caída del Valor Añadido Bruto superaría los 800 millones de euros por año.
Pérdidas por comarcas
“El cierre del trasvase supondría la desaparición del 80 por ciento de la agricultura del Campo de Cartagena”, afirmó Luengo, quien detalló que los efectos en el resto de la Región serían “la pérdida del 47 por ciento del sector en las áreas de Mula; del 44 por ciento en Lorca y valle del Guadalentín; del 56 por ciento en la Vega Alta y Media, y de un 61 por ciento en las zonas de Levante y Vega Baja”.
El sector agrario supone “una de las principales patas de la economía regional”, dijo el consejero, quien explicó que la aportación total a la producción regional es de 2.972 millones (el 5 por ciento de la producción total), el valor añadido bruto es de 1.375 millones (5,3 por ciento del VAB regional) y el empleo de 73.907 personas. De esta contribución total, se estima que las ramas agrarias vegetales vinculadas al agua para regadío del trasvase Tajo-Segura representan el 59 por ciento de la producción, el 58,3 por ciento del VAB y el 58,4 por ciento del empleo.
“No vamos a consentir que se lleve a cabo el recorte que el próximo lunes el Gobierno de España tiene previsto presentar dentro de los planes que afectan a más de un territorio, como sucede con las Demarcaciones Hidrográficas del Tajo, del Ebro o del Segura. Todo un atropello al futuro del Trasvase y al desarrollo económico, social y medioambiental del Levante”, explicó Luengo.
Por ello, anunció que, a la vista de ese borrador, “la Comunidad llevará a cabo los estudios y alegaciones que resulten precisos para la salvaguarda de los intereses de la Región, atendiendo a los argumentos y consideraciones que defienden la vigencia del Trasvase Tajo-Segura para paliar las consecuencias del déficit hídrico que padece la Cuenca del Segura”. El consejero recordó que “seguimos demandando consenso y diálogo para afrontar un problema de Estado, encontrando soluciones que contenten a todas las comunidades y que no busquen confrontar a unas con otras”.
