Nadie sabe si en el estercolero de la política española podrán germinar los ideales de los nuevos partidos, como las cien flores, que prometió Mao Zedong en el Libro Rojo.
España es un país podrido, cada día más necesitado de regeneración. El deterioro de los valores y de las costumbres ha sido rápido, cada día es más alarmante y tiene ya repercusión en la política, en la cultura y en la convivencia. Este no es un país de políticos corruptos, sino un país de corruptos.Pero esa tal vez sea la conclusión del razonamiento, no la premisa. Y más vale no empezar por la conclusión. El origen bien conocido del problema está en entender la corrupción no como problema de ética pública, sino penal.
Podrido el sistema judicial, podrido el sistema político, podridos aquellos que tienen que velar por nuestro bienestar y seguridad. La policía y la Guardia Civil sufren de una plaga de manzanas podridas que merman su reputación, en la última década el Instituto Armado ha expulsado a 315 efectivos, y la Policía Nacional 106 y los que van cayendo.
Madrid la cuna de la corrupción, hace poco, fue Desmantelada una red corrupta de funcionarios en la Policía Nacional y la DGT que favorecía a empresarios con adjudicaciones a cambio de favores y beneficios personales.
En los últimos años, la corrupción ha desatado tremendos escándalos en los círculos del poder político. Pero muy pocas personas cumplen condena, tras centenares de denuncias. En concreto, los juzgados y tribunales españoles han procesado o abierto juicio oral por delitos de corrupción contra 1.378 responsables públicos implicados en un total de 166 casos entre julio de 2015 y septiembre de 2016, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero solo 87 están presos: 82 cumplen condena efectiva en la cárcel y otros cinco se encuentran con prisión preventiva.
Son datos escandalosos que cada día van aumentando. Y lo decimos con conocimiento de causa, porque compañeros de Agencia 6 han vivido en sus carnes una persecución por sacar a la luz la verdad de una España podrida.
Pero lo más alarmante y preocupante son los jueces inhabilitados por corrupción y los que están siendo investigados.
Juez Baltasar Garzón: El 22 de febrero de 2012 fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación, acusado de un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel.
Juez Elpidio Silva: Fue el juez que llevó inicialmente el Caso Blesa. A principios de junio de 2013, Silva decretó prisión sin fianza para Miguel Blesa por su gestión en la compra del City National Bank de Florida, siendo el primer banquero en España en ir a la cárcel desde el inicio de la crisis española. Sin embargo, 15 días después la Audiencia Provincial de Madrid anuló parte de la causa contra el exbanquero y Blesa salió de la cárcel. El 7 de octubre de 2014, la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid condenó al juez Elpidio José Silva Pacheco a diecisiete años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación y dos contra la libertad individual.
Juez Santiago Vidal: Magistrado de Audiencia Provincial de Barcelona, fue sancionado en 2015 por el Consejo General del Poder Judicial con suspensión de empleo de 3 años por redactar un borrador de la constitución catalana.
El Poder Judicial ya no está al servicio de la Justicia, si no al del partido gobernante o más bien, de la clase política.
Y el más peligroso de todos el Ex-Comisario Villarejo, que no es un policía cualquiera. Durante décadas ha utilizado el cuerpo policial para extorsionar, amenazar, coaccionar y, sobre todo, enriquecerse ilícitamente, tal y como averiguo la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.
Una España podrida, una España perdida.
