Se han acabado las advertencias que Bruselas venía repitiendo a España. «Nos van a condenar con total seguridad». Así de claro se ha mostrado el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura, tras conocer que la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por «incumplir sistemáticamente» los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) legales, un contaminante atmosférico que está matando a unas 9.000 personas al año de manera prematura.
Ahora será la propia justicia la que decida si castigar al Gobierno central con una multa que podría alcanzar los 1.600 millones de euros, según las estimaciones de Ecologistas en Acción. Otra posibilidad pasaría por que España se librase de la sanción convenciendo al TJUE de que va a reducir sus niveles de polución en el aire en las zonas urbanas que exceden los máximos legales: Madrid, Barcelona y Vallès-Baix Llobregat. Reacciones Tras conocer la reprimenda, la portavoz del Ayuntamiento madrileño, Inmaculada Sanz, ha achacado al «último mandato [el de Manuela Carmena] el incremento de la contaminación en 17 de las 24 estaciones» de medición de la capital. «Ese dictamen habla del periodo de 2010 a 2017 y de los incumplimientos sucesivos que se han producido por parte de Madrid y otras ciudades españolas», ha argüido la política del PP, cuyo partido descarta por completo que esta denuncia tenga algo que ver con su moratoria a Madrid Central.
«Suspendida por un juez en dos ocasiones desde que entró en vigor el 1 de julio«
Entretanto, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido la necesidad de impulsar medidas «no porque lo diga la UE, sino porque está en juego la salud de los ciudadanos».
Para ello ha pedido ayuda a nivel estatal: «Necesitamos a otras administraciones. Lo que está en nuestras competencias lo estamos haciendo y lo haremos con toda la determinación».
En enero del año pasado, el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, reunió a los países de la Unión que incumplían la normativa relativa a la contaminación del aire: Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Reino Unido, República Checa, Eslovaquia y España. Cada uno presentó las medidas que aplicaría para solventar la situación, pero no todos convencieron. República Checa, Eslovaquia y España se libraron, pero el resto fueron llevados ante la justicia. España ahora ha agotado la paciencia de la Comisión, aunque también la de los Estados que ya estaban siendo procesados: «Nos consta que estos países», que ven cómo España trata de poner fin a algunas medidas paliativas (como Madrid Central), «se han sentido agraviados, y eso también ha influido en la denuncia». Otra multa medioambiental España ya está pagando una multa medioambiental porque algunos municipios de más de 15.000 habitantes están vertiendo aguas sin depurar a los mares y ríos. La condena fue impuesta en julio del año pasado, y desde entonces el Gobierno ya ha desembolsado más de 22 millones de euros. Mientras persistan los incumplimientos (algo que a día de hoy sucede en ocho municipios) España tendrá que pagar una sanción semestral de 10,95 millones.