El Gobierno regional de Murcia, a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, ha solicitado al Ministerio de Agricultura y Pesca que demande a la Comisión Europea la activación del fondo previsto en los presupuestos de la Política Agraria Común bajo el concepto de ‘reserva de crisis’ y que debe emplearse ahora para compensar los daños que están sufriendo los sectores más afectados por la crisis del coronavirus.
“Desde el Gobierno regional estamos poniendo todo nuestro empeño en encontrar soluciones y vías de financiación que ayuden a quienes peor lo están pasando en estos momentos, a consecuencia de los cambios de hábito en los mercados, las complicaciones para sacar adelante las producciones o para transportar mercancía tanto a nivel nacional como internacional”, detalló el consejero Antonio Luengo.
“Este fondo, que actualmente es de 400 millones de euros, ya se ha empleado en otras situaciones de especial relevancia como el veto ruso, y es fundamental para ayudar a nuestros ganaderos o agricultores a paliar daños en la producción o la distribución, especialmente los sectores ovino y caprino”, explicó Luengo.
Para el periodo 2014-2020, la reserva se reparte en siete tramos anuales iguales de 400 millones de euros cada uno (lo que equivale a un importe total de 2 800 millones), que salen de la reducción de un 1,4 por ciento de las ayudas directas superiores a 2.000 euros que reciben los beneficiarios de la PAC y que, en el caso de no activarse el fondo de crisis, se les reembolsa al finalizar el año.
Esta reivindicación, “de la que se beneficiarían todos los afectados de nuestro país, está perfectamente justificada dada la gravedad de la situación” y se sustenta en los objetivos de la Organización Común de Mercados, quien cubre las normas en materia de competencia aplicables a las empresas y las normas sobre ayudas públicas, y tiene asimismo disposiciones de carácter general relativas a medidas excepcionales y la reserva para crisis en el sector agrario.
El CIF o el IAE servirán a los autónomos para acreditar desplazamientos por cuestiones laborales
La consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, destacó, tras la segunda reunión del Centro de Coordinación de los órganos periféricos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales, convocada por Delegación del Gobierno, que “se han abordado las dudas de los agentes para aplicar los reglamentos relativos al decreto de alarma en el ámbito del transporte, como el relativo a los perfiles profesionales autónomos que se desplacen para realizar su trabajo”. En estos casos, tendrán que acreditar que se dedican a un sector de actividad determinado mediante el código de identificación fiscal (CIF) o el impuesto de actividades económicas (IAE), explicó la consejera.
Se evaluó la normativa y se determinó, sobre la ocupación de personas en vehículos tanto de cinco como de siete plazas, que sólo pueden viajar dos personas en sentido oblicuo y separados en la parte delantera y trasera del vehículo. En el caso de los autobuses y microbuses podrán viajar un número de ocupantes proporcional a un tercio del número total de plazas de las que disponga el vehículo.
Asimismo, se han analizado los casos particulares de algunos colectivos vecinales que están generando dificultades para cumplir con el confinamiento porque a distintas horas del día se les localiza transitando libremente de forma reiterada por las calles.
También se estudió la situación de seguridad en algunos establecimientos hoteleros, abiertos solo para disponibilidad de los transportistas, que tendrán que acreditar que son trabajadores del sector para poder hacer uso de los establecimientos y siempre que los cuerpos y fuerzas de seguridad requieran la acreditación deberán tenerla disponible para evitar que personas ajenas al sector puedan hacer uso de estas instalaciones.
Por último, se insistió en el seguimiento que los cuerpos y fuerzas de seguridad están haciendo a las personas que deben guardar cuarentena de forma obligatoria, tras ser detectados por el Servicio Murciano de Salud como positivos por COVID-19 o posibles contagiados.
Junto a Ballesteros, participaron en la reunión el delegado del Gobierno, José Vélez, el teniente Coronel de la Guardia Civil, Jesús Arribas, el comisario jefe de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia, Alfonso Navarro y los comisarios de los cuerpos de Policía Local de las ciudades de más de 50.000 habitantes de la Región de Murcia.
