Medios internacionales se hacen eco del comportamiento de la Justicia con tres hermanos menores que ven peligrar su vida ante decisiones inauditas tomadas por los Juzgados y la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid. Es un caso del que no existe parangón ni en España ni en la Unión Europea
Dieciséis meses llevan sin volver a su hogar Nicolás, Olivia e Irene, tres hermanos de Valladolid, de trece, diez y ocho años de edad, que ven cómo sus cortas vidas están siendo destruidas por las resoluciones judiciales, anómalas, que la Audiencia Provincial de Valladolid está dictando en contra de sus intereses, y son carentes del más mínimo sentido, racional, humano, ni jurídico.
Los niños y el padre (español nacido en León que reside en Valladolid), están viviendo una situación aterradora que no debería darse en ningún Estado de Derecho y mucho menos en la Unión Europea. Los Juzgados de Valladolid “han cerrado sus puertas” para este padre de tres hijos, al que le están tendiendo “mil y una trampas” para que le sea imposible conseguir que sus hijos vuelvan con él.
Es un gesto valiente, y necesario, del padre de los tres niños, contar la verdad y por ello pretenden convertirle, de forma artificial, en un “perseguido” de la Justicia, por el mero hecho de no resignarse a acatar resoluciones injustas o dar a conocer su caso de forma pública.
Los Juzgados de Valladolid le exigen un “silencio cómplice” a cambio de no acusarle de cualquier delito que no ha cometido: ese es el intercambio cruel que se está planteando: o abandona a su sus hijos, prescindiendo de sus sonrisas, abrazos y de una vida en común, tal como pretenden los Juzgados, o le convierten en un proscrito “tachado” en la ciudad de Valladolid.
Pese a que la progenitora, “formalmente” se encuentra investigada por un delito contra la Administración de Justicia, por manipular a sus hijos para que acusen al padre de falsos malos tratos y abusos, y pese a que sea el padre “formalmente” quien tiene la condición de víctima, lo cierto es que la actuación de los Juzgados y de la Audiencia es la contraria, y a quien le otorgan la protección, en todo momento, es a la madre investigada, que es, paradójicamente quien mantiene la guardia y custodia de los menores, en exclusiva.
Existe ya una catarata de decisiones judiciales, que están siendo tomadas por el Magistrado Ponente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid, quien excluye del procedimiento todas las pruebas o elementos que pueda servir de base a las pretensiones del padre. Ante la deriva de los acontecimientos, se ha recusado al Magistrado Sr. Salinero quien, él mismo, ha rechazado su propia recusación (hecho inaudito), negando a la Audiencia Provincial de Valladolid la posibilidad de conocer los hechos. La Ley le exige tramitar su recusación sin más, pero el Magistrado se otorga la condición de Juez y parte, lo que, en opinión de los expertos, «se puede deber a un interés particular en relación con los intervinientes en este proceso” dado que es excesivamente llamativa la falta de imparcialidad de la que da muestras el citado Magistrado, según el criterio de los magistrados, jueces, fiscales y abogados que son conocedores, con detalle, de todo lo que viene sucediendo en esta causa.
Para poder ver a su padre, los menores están obligados a acudir a un punto de encuentro ubicado en la Calle Dos de Mayo de Valladolid, (APROME), órgano de auxilio judicial, dependiente de la Consejería de Familia, quienes, ya, se niegan a emitir informes que reflejen la realidad de la actuación de la madre, porque consideran que los Jueces de Valladolid no les van a respaldar, sobre todo a raíz de haber informado que la situación de los menores es grave y que el citado Magistrado se negó a aceptar el informe de los técnicos del Punto de Encuentro, excluyéndolo del proceso alegando ser irrelevante.
Según los técnicos de APROME, la madre “no acepta” que los menores quieran estar con su padre y pone la maquinaria judicial y política, a su alcance, para impedirlo. Así, los menores cambian, frecuentemente, de domicilio para que el padre no pueda saber dónde viven. La progenitora, que lleva dieciséis meses adiestrando a los menores, impide las comunicaciones de los niños con su padre y actúa de forma oculta, con la impunidad que le proporciona saber que haga lo que haga, según cree, no va a tener que responder de sus actos.
La Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León ha sido convenientemente informada de estas anormalidades que sufren los tres menores, sin que haya existido reacción alguna desde el ejecutivo en manos de Partido Popular y Vox
Un sinfín de magistrados, jueces, abogados y expertos en asuntos de menores coinciden en señalar que el Magistrado Salinero, ponente en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid, ha colocado al padre en una situación límite y de indefensión «con alto riesgo de que se produzca un delito contra él», ya que la progenitora quiere obtener una acusación, ya sea de los jueces o de los menores contra el padre, lo que marcaría sus vidas para siempre, e incluso se ha trasladado a 3 minutos de la casa del padre, para tener vigilado sus movimientos, todo con tal de provocar situaciones que pudieran ser irreversibles tanto para el padre como para Nicolás, Olivia e Irene.
Por todo ello, Pablo Martínez ha sido aconsejado, por varios expertos, que ofrezca visibilidad a través de las redes sociales y medios de comunicación del martirio que sufre debido al caprichoso comportamiento de las sedes judiciales de Valladolid, capitaneadas por el citado Magistrado, incitándole a que cuente con detalle y acorde con la verdad, todo lo que está sucediendo en esta causa, con movimientos internos de la Justicia sin precedentes en España.
Pablo Martínez ha grabado un video que desde hoy es visible en la red Youtube titulado «La Justicia de España pone al límite la vida de tres hermanos de Valladolid»
