La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha señalado la necesidad de una colaboración interadministrativa entre instituciones para dar respuesta a las situaciones de emergencia agravadas por la pandemia de la COVID-19 «desde un trabajo conjunto y armonizado».
Así lo ha reiterado la vicepresidenta durante la segunda jornada de su visita a la ciudad de Alicante donde ha mantenido sendas reuniones con representantes del equipo municipal del Ayuntamiento, profesionales de los servicios sociales, entidades y vecinos y vecinas para coordinar e impulsar actuaciones de inclusión social en los barrios más vulnerables de la ciudad.
En la jornada, la vicepresidenta se ha reunido con la concejala de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Alicante, Julia Llopis, el jefe del Servicio de Acción Social y el personal coordinador de servicios sociales del Ayuntamiento. A estos últimos les ha agradecido su esfuerzo y su trabajo, especialmente en estos últimos meses.
La Conselleria lleva desde la pasada legislatura incrementando las partidas destinadas a los ayuntamientos para que puedan reforzar las plantillas de los equipos sociales dentro de su objetivo de convertirlos en «la verdadera cuarta pata del estado del bienestar, junto con la sanidad, la educación y el sistema de pensiones», ha indicado la vicepresidenta.
Oltra ha explicado que las trabajadoras y trabajadores de los equipos de atención primaria «son los que más cerca están y mejor conocen las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos» y, por tanto, este esfuerzo presupuestario ha ido dirigido, principalmente, a aumentar las plantillas «para potenciar la intervención y la prevención que permita ofrecer la atención social que por derecho corresponde a la ciudadanía».
En el caso del Ayuntamiento de Alicante, se ha pasado de 389.028 euros que se destinaban a este fin en 2015 a los 2,5 millones de euros que se destinaron el pasado año. Este incremento del presupuesto ha permitido multiplicar por 7 la plantilla municipal de Alicante que se dedica a gestionar ayudas de dependencia, de la renta valenciana de inclusión y otras prestaciones dedicadas a la ciudadanía.
La vicepresidenta ha mostrado su compromiso de seguir trabajando para aumentar las plantillas de estos servicios «principalmente los profesionales administrativos para que la tramitación burocrática no retrase la intervención social que tanto necesitan las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad».
En este sentido, la vicepresidenta se ha referido también al decreto del contrato programa aprobado recientemente por el Consell, que permitirá convenios de colaboración financiera entre la Generalitat, diputaciones y entidades locales de la Comunitat.
Estos convenios, de carácter plurianual frente a la financiación anual actual, tendrán una duración de 4 años y darán estabilidad financiera a las entidades locales y laboral a las plantillas de profesionales y, por tanto, garantizará la calidad del servicio.
Durante el encuentro de hoy, la vicepresidenta también ha explicado el trabajo que desde su departamento se ha realizado para armonizar el nuevo Ingreso Mínimo Vital del Estado con la Renta Valenciana de Inclusión, a través de un decreto aprobado recientemente por el Consell.
En estos momentos la RVI ya beneficia a más de 54.000 personas de la Comunitat Valenciana, entre los y las titulares de la ayuda y las personas que integran la unidad familiar, correspondiendo a la provincia de Alicante más de 23.000 personas.
