Este lunes 10 de marzo, trascendía a medios la investigación que la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado contra el partido Vox para esclarecer si incurrió en prácticas de financiación irregular.
Esta acción judicial se produce tras la denuncia presentada por el PSOE el pasado diciembre, en la que se acusaba a la formación liderada por Santiago Abascal de recurrir a mecanismos poco transparentes para la obtención de fondos, al parecer, mediante el uso de mesas callejeras en las que se vendería merchandising como mera excusa para ocultar donaciones de dinero no declaradas, y por el acceso a un crédito concedido desde un banco extranjero relacionado con el derechista húngaro Victor Orban, al que se vincula con los intereses del kremlin en Europa.
Sn embargo, aunque la noticia se ha vendido como un gigantesco escándalo, es inevitable tener un dejavu de los titulares que ya aparecieron de forma algo más discreta en el año 2021.
Alianza Cívica denunció los mismos hechos
En el año 2021, el pequeño partido político Alianza Cívica formuló una extensa denuncia en la que, a lo largo de más de 100 páginas y multitud de evidencias de toda índole, aportó a la fiscalía anticorrupción argumentos idénticos a los esgrimidos por el PSOE y que hoy han motivado la intervención del ministerio público.
En la denuncia, Alianza Cívica sostenía en los mismos términos que los socialistas, el papel de las mesas de mercadotecnia e la ocultación de donaciones presuntamente troceadas mediante el conocido método del “pitufeo”.
La acusación se apoyaba no solo en la evidencia extraída de la prensa, sino en documentos internos de la formación verde en los que se daban instrucciones precisas a sus militantes para fraccionar las aportaciones a las mesas para que permanecieran por debajo de los 300 euros (puesto que de superar esas cantidades, debería auditarse las donaciones por el tribunal de Cuentas) destacando que «Este modus operandi se hace especialmente evidente en las mesas que se organizan con la ocasión de visitas y mítines de los dirigentes nacionales«.
Como prueba adicional, Alianza Cívica aporto capturas de conversaciones a través del servicio de mensajería de Whatsapp con dirigentes provinciales de Vox en Valencia, donde «se ve claramente cómo se camuflan gastos que quedarían fuera del presupuesto aprobado para la campaña por la junta electoral, pagándose mediante dinero de las donaciones«, e incluso se aportó el testimonio de la vicesecretaria de Recursos de Vox en Valencia, quien actuaba como gerente con funciones de tesorera, donde declaraba que Vox actuaba de forma «altamente irregular» adjuntando documentos Excel que demostrarían la realidad de una caja B donde se anotarían las «abundantes entradas de efectivo procedentes de múltiples fuentes, en muchas ocasiones desconocidas o poco claras» con «pleno conocimiento» de la dirección estatal del partido.«
Archivo sistemático de la causa
Pese a las múltiples pruebas, la fiscalía archivó la causa en Octubre del mismo año, aduciendo que la denuncia resultaba “excesivamente vaga, abstracta, amplia, indiscriminada, y carente de precisión mínima e individualización necesaria respecto a la conducta presuntamente realizada”.
En cuanto a las presuntas donaciones irregulares, la Fiscalía estimó en aquel momento que el denunciante solo aportaba noticias aparecidas en los médicos de comunicación y que las imágenes o pantallazos de conversaciones mantenidas en redes de comunicación o mensajería WhatsApp debían acogerse con “natural reserva” y “precaución” al entender que “no se da noticia u origen cierto en cuanto a su obtención, o de la aportación voluntaria por alguno de los interlocutores (que no son quienes denuncian)” negando, “la posibilidad de mínimo contraste futuro” pese a que en la propia denuncia presentada por Alianza Cívica, se ofrecía la comparecencia de los cargos implicados para su ratificación en los hechos y verificación de las pruebas.
La Fiscalía tampoco entendió la necesidad de investigar el merchandising o la receptación de dinero por parte de Vox a través de la realización de determinados encuentros con afiliados y simpatizantes “con pequeños o simbólicos obsequios (llaveros, pegativas, etc.)” pues entendió que, en todo caso, “no toda infracción de la normativa relativa a la financiación de partidos políticos lleva consigo la comisión de una infracción penal y que es el Tribunal de Cuentas a quien corresponde en exclusiva el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y quien tiene conferida la potestad de imponer sanciones en caso de infracciones de la normativa reguladora.”
Cabe recordar que, ya en el año 2020, la fiscalía anticorrupción había archivado varias denuncias similares de la entonces cúpula valenciana de la formación, así como de militantes de los municipios alicantinos de Elche y Campello, alegando precisamente este archivo para no proseguir con las pesquisas.
Nuevas denuncias
De nuevo, los mismos hechos llegan a las manos de la fiscalía, aunque esta vez la denuncia venga apadrinada por el PSOE. Es de esperar que, en base a la actuación previa del ministerio fiscal, esta nueva investigación corra un destino similar a las anteriores y termine archivándose, aunque como ya dijo en su día el presidente Pedro Sánchez “¿La fiscalía de quien depende?…pues ya está”
