La empresa alicantina de derivados plásticos Plasctic Forte, radicada en la localidad de Banyeres de Mariola, saltó a la prensa hace escasas semanas tras ser sancionada con una multa de 20.000 euros por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Ahora un trabajador demanda a la compañía por considerar que se trató de una intromisión en sus derechos fundamentales.
Multa de la AEPD
Al parecer fue la denuncia de un trabajador la que puso en alerta a las autoridades, debido a las irregularidades que este detectó en la captación y gestión de los datos biométricos utilizados para fichar a la entrada y salida de las fábricas en las que la empresa produce sus plásticos.
Aunque la empresa se apresuró a pagar la multa para minorar su cuantía, y asumió la responsabilidad por su negligencia, el trabajador ha llevado a Plastic Forte ante los tribunales, por lo que considera una intromisión en su derecho a la intimidad y propia imagen.
El trabajador se acoge a la sanción impuesta por la AEPD para reclamar ahora a la empresa una indemnización de 20.000 euros por la vía de los tribunales. En esta misma línea, otras sentencias similares ya condenaron a compañías, por vigilar a sus trabajadores mediante cámaras de seguridad sin su conocimiento con sanciones que superaron ampliamente los 6000 euros.
Pérdidas millonarias
Aunque a priori, estas cuantías parecen asumibles para una empresa con una facturación cercana a los 65 millones de euros en 2022, la cierto es que pueden suponer graves pérdidas en el medio plazo si la sentencia finalmente da la razón al trabajador.
Esto es debido a que Plastic Forte cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 500 empleados, sin contar con aquellos que también realizaron su actividad de forma temporal en sus instalaciones. Todos ellos se habrían visto afectados por la recopilación de datos biométricos que desde 2019 la empresa admitió recabar, por lo que en caso de que el demandante obtuviera una sentencia favorable, abría la puerta a que cientos de empleados reclamasen una indemnización equivalente, causando una sangría de millones de euros para la compañía, por no mencionar un daño reputacional irreparable difícil de cuantificar.
Juicio en septiembre
Aunque el juicio está fijado para septiembre, la legislación laboral permite a la empresa alcanzar un acuerdo económico extrajudicial con el trabajador para esquivar una gravosa sentencia desfavorable, aunque fuentes consultadas descartan esta opción por el momento.
