El arquitecto Santiago Calatrava ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas de Venecia, a pagar 78.000 euros por «perjuicios fiscales» al aumentar los costes de la construcción del Puente de la Constitución sobre el Gran Canal de Venecia.
La sanción tiene en cuenta el coste final del puente -un total de 11,6 millones de euros frente a los 7 millones presupuestados- y considera que se produjo una «negligencia grave» en la estimación inicial de costes, según recogen medios italianos.
Entre estos sobrecostes, se encuentran los que afectan al tamaño de algunas tuberías o al cálculo de los tiempos de desgaste de los escalones de vidrio. En este caso, estaba previsto que durasen al menos 20 años, pero desde su inauguración se tuvo que recurrir a «reemplazos y parches costosos» que aún continúan hoy.
La sentencia añade que la negligencia es «aún más grave y digna de ser estigmatizada porque proviene de un reconocido profesional de renombre mundial de muy alta competencia, con una larga y probada experiencia en la construcción de puentes».
DELITO DE SOBRECOSTES
En el 2015 el Tribunal de Cuentas veneciano había absuelto al arquitecto de un supuesto delito de sobrecostes del puente. Pero la corte ha finalmente condenado al arquitecto en apelación, tras su absolución en primer grado, a pagar 78.000 euros al erario público de Venecia por el encarecimiento de su polémico puente, inaugurado en el año 2008, a causa de una serie de errores en su proyecto. Junto a él ha sido también condenado a pagar 11.000 euros el ingeniero de Venecia, Salvatore Vento.
El puente de la Constitución fue construido para unir la estación ferroviaria de Santa Lucía con la Plaza Roma, donde se aparcan los vehículos que llegan a la ciudad por su única vía terrestre. Esta infraestructura desde el principio estuvo envuelta en problemas, retrasos y polémicas y ha requerido varios cambios o la introducción de elementos para mejorar su accesibilidad a personas en sillas de ruedas.
