El Gobierno valenciano, formado por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, tiene marcado un claro objetivo durante la presente legislatura recién iniciada: que los centros escolares utilicen la lengua valenciana en todos los ámbitos posibles, tanto dentro como fuera de las aulas.
La Generalitat quiere velar por su cumplimiento a través de una herramienta contemplada en la ley de plurilingüismo aprobada el pasado año. Se trata de un cuestionario que ya ha comenzado a remitirse a los colegios -tanto públicos como concertados- que estos han de completar dentro de la solicitud de autorización de proyecto lingüístico. Aunque la petición de información acerca del uso de la lengua ya se aplicaba en época del PP, el actual escrito se ha remozado y refleja nuevos supuestos. En total, 32 escenarios sobre los cuales los centros deberán responder si se habla o no en valenciano, lo cual ya ha generado descontento entre algunos directores, entidades y asociaciones de padres y madres.
32 escenarios
En concreto, figuran algunos como la rotulación en todos los espacios del colegio, los tablones de anuncios, los carteles, los materiales y soportes digitales, la página web etc. Pero se va más allá. El control también se aplicará hasta en la megafonía, las asambleas, las reuniones de trabajo, el comedor y la biblioteca. Incluso en actuaciones administrativas -fichas del alumnado, solicitudes de matrícula o becas, comunicaciones a la familia, inventarios…-, en formación del profesorado, en parlamentos en actos oficiales -graduaciones, celebraciones…-, intervenciones ante los medios de comunicación, actividades extraescolares o en las relaciones con entidades e instituciones públicas y privadas que programen actividades.
El equipo directivo de los colegios será el responsable de responder a si se habla valenciano en todos esos supuestos, aunque en ocasiones también deberá encargarse el equipo docente y el claustro. Según consta en el escrito, el objetivo temporal marcado es, como máximo, el año 2022.
Ayudas al catalanismo
Otras prácticas de la Consejería de Marzà también han acaparado numerosas críticas durante los últimos años. Es el caso del reparto de las subvenciones a entidades consideradas catalanistas. Un ejemplo es Escola Valenciana, cercana a la tesis de la existencia de los denominados Países Catalanes y a la que perteneció el propio responsable del departamento en su etapa docente. Desde 2016 hasta 2018 ha llegado a percibir más de un millón de euros públicos en concepto de cursos, ayudas o fomento del valenciano por parte de la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación (mayoritariamente desde el Gobierno autonómico).
Otro ejemplo es Plataforma per la Llengua, la conocida como «ONG del catalán» que investigó de incógnito el uso de esta lengua entre alumnos y profesores en los patios de los colegios. De 2016 a 2018, el Ejecutivo valenciano le ha otorgado 136.573 euros para el fomento del valenciano. Una de las que más subvenciones recibe es Acció Cultural del País Valencià. La entidad impulsada por el editor Eliseu Climent -y a la que la Generalitat de Cataluña inyecta miles de euros- ha ingresado más de 700.000 entre 2016 y la actualidad desde diversas instituciones valencianas.
