El gran giro: cuando el liberalismo se convierte en intervencionismo
Pocas contradicciones resultan tan llamativas en el panorama económico contemporáneo como observar a una administración republicana, históricamente defensora del libre mercado y la mínima intervención estatal, convertirse en uno de los mayores accionistas institucionales del tejido empresarial norteamericano. Con participaciones que superan los 25.000 millones de dólares repartidos en más de treinta compañías de sectores estratégicos, el gobierno de Donald Trump está construyendo silenciosamente lo que algunos analistas ya denominan la «SEPI americana», en referencia al modelo europeo de sociedades estatales de participación industrial.
Una estrategia de poder más que de rentabilidad
A diferencia de los fondos soberanos de países como Noruega o Singapur, cuyo objetivo primordial es la acumulación de riqueza intergeneracional, la lógica detrás de esta nueva arquitectura inversora estadounidense responde a criterios esencialmente geopolíticos y de seguridad nacional. Las participaciones se concentran en sectores considerados críticos para la autonomía estratégica del país: semiconductores, inteligencia artificial, defensa, energía y telecomunicaciones de nueva generación. No se trata de obtener dividendos, sino de garantizar que determinadas industrias permanezcan bajo influencia americana en un contexto de creciente rivalidad con China y otras potencias emergentes.
El precedente histórico que nadie quiere recordar
Este fenómeno no surge en el vacío. Durante la crisis financiera de 2008, el gobierno federal ya intervino masivamente rescatando bancos y fabricantes de automóviles, aunque aquella acción se presentó como una medida de emergencia temporal. Lo verdaderamente novedoso ahora es que esta intervención no responde a una crisis sino a una elección estratégica deliberada, lo que marca una ruptura conceptual profunda con décadas de ortodoxia económica republicana. Ronald Reagan decía que el Estado no era la solución sino el problema; su partido parece haber llegado a una conclusión radicalmente distinta.
Las empresas en el centro del tablero
El perfil de las compañías en las que el gobierno ha tomado o ampliado posiciones revela una hoja de ruta clara. Entre los sectores prioritarios destacan:
- Tecnología y semiconductores: considerados el petróleo del siglo XXI y columna vertebral de cualquier hegemonía industrial futura.
- Energía convencional y renovable: con el objetivo de controlar la transición energética en términos favorables a los intereses nacionales.
- Defensa e industria aeroespacial: donde la frontera entre inversión pública y contrato gubernamental siempre ha sido difusa.
- Infraestructuras digitales: redes, centros de datos y plataformas sobre las que descansa la economía del dato.
¿Capitalismo de Estado o nuevo pragmatismo?
Los defensores de esta política argumentan que Estados Unidos no puede permitirse el lujo ideológico del laissez-faire en un mundo donde sus principales competidores combinan la disciplina del mercado con la musculatura del Estado. China lleva décadas utilizando empresas públicas y participaciones estratégicas como instrumentos de política exterior. Europa, a través de mecanismos como los fondos de recuperación o las empresas estatales nacionales, también mantiene una presencia activa en sectores clave. Desde esta perspectiva, la Casa Blanca simplemente estaría igualando las condiciones de juego en una competencia que nunca fue puramente de mercado.
Los críticos, en cambio, advierten sobre los riesgos de esta deriva. La mezcla de poder regulatorio y propiedad accionarial en manos del mismo actor político genera incentivos perversos, potenciales conflictos de interés y puede distorsionar gravemente la competencia en sectores donde el árbitro y el jugador son la misma entidad. Además, plantea preguntas incómodas sobre la gobernanza corporativa: ¿qué independencia real mantienen los consejos de administración de estas empresas frente a los deseos de su accionista gubernamental?
Un modelo que llegó para quedarse
Más allá de las valoraciones ideológicas, lo que esta tendencia revela es un cambio estructural en la forma en que las grandes potencias conciben la relación entre Estado y economía. El debate ya no es si el gobierno debe participar en la economía, sino cómo y con qué objetivos debe hacerlo. Estados Unidos, con su nueva cartera de 25.000 millones, ha respondido esa pregunta de manera contundente: el capitalismo americano del siglo XXI tendrá, guste o no, una cara muy estatal.
