- El exjuez no ha entregado al venezolano Wilmer Rupertti un informe que le cobró a «diez veces su valor». El abogado tenía que asesorar al exjefe de la Inteligencia chavista, Hugo Carvajal, para no ser extraditado a EE.UU. por narcotráfico
La relación contractual entre el empresario venezolano Wilmer Ruperti y el exjuez Baltasar Garzón, desvelada por ABC el pasado 2 de septiembre, no terminó precisamente de forma amistosa. Ruperti, magnate del transporte marítimo, contrató a Ilocad S.L., el bufete de Garzón, en junio de 2016 para que asesorara en la defensa del general Hugo Carvajal, exjefe de los servicios de Inteligencia de Venezuela y reclamado por Estados Unidos acusado de narcotráfico.
El contrato recogía trabajos por alrededor del tres millones de euros. El principal era elaborar un informe, a cambio de 1,7 millones, para cuestionar los métodos de la justicia estadounidense, y 500.000 euros más por la «conformación de Equipo de Trabajo», entre otras labores.
Cuando una de las empresas de Ruperti, Maroil Trading -domiciliada en Panamá- ya había abonado 1,85 millones, el empresario se hartó, puesto que no había recibido trabajo alguno ni información sobre las tareas realizadas. Ruperti tenía una impresión muy buena de Garzón, por la imagen «impecable» que el exjuez proyecta en toda Hispanoamérica. Pero en un viaje a Madrid fue informado de que el abogado había sido expulsado de la carrera judicial por no respetar las garantías procesales en el caso Gürtel, ante lo que Ruperti estalló, pues lo había contratado precisamente por una cuestión de garantías procesales.
Escribió una carta al exjuez, la depósito ante notario y se la envió por correo certificado, como ha podido comprobar este diario. Datada el 12 de abril de 2017, comienza así: «En mi relación con Vd. y su bufete siempre me he conducido bajo la plena confianza depositada en su figura y su relevancia internacional adquirida en la defensa de la “justicia universal”. Es por este principal motivo por el que contraté sus servicios, aceptando además una remuneración tan elevada que en otras condiciones hubiera supuesto a lo sumo la décima parte de lo acordado con su firma».
Ruperti le comunica que rescinde el contrato porque «su despacho no ha llevado a cabo los trabajos encargados ni me ha informado de nada relacionado con los mismos». Además, añade que «he perdido absolutamente la confianza depositada en Vd porque he tenido conocimiento, entre otras vicisitudes, que en el año 2012 fue condenado a la pena de inhabilitación de once años por un delito de prevaricación e intercepción de comunicaciones de un preso, siendo expulsado de la carrera judicial».
«Credibilidad»
El empresario sostiene que «en el contrato suscrito con su despacho figura como asunto encomendado la elaboración de un informe independiente sobre el origen, desarrollo, consistencia y respeto de las normas de debido proceso sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan entre otros a quien fuera director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal» y se pregunta entonces «¿qué valor y credibilidad puede tener un informe sobre garantías procesales si quien lo firma ha sido condenado precisamente por vulnerar garantías en un proceso judicial bajo su dirección?».
Wilmer Ruperti va más allá: «Obviamente un informe elaborado y firmado por un delincuente que se halla cumpliendo condena apenas tiene valor y, de hecho, se erige en contra de los intereses perseguidos como acabamos de ver. Pero es más: un juez expulsado de la carrera judicial por prevaricador difícilmente se va a poder considerar un jurista de relevancia y autoridad internacional, especialmente en cuestiones procesales».
El empresario marítimo venezolano reprocha al abogado español «el hecho de no haberme informado de su condena ni de haber comentado nada de esto en ninguna de las reuniones y comunicaciones mantenidas denota por su parte si no un dolo cuanto menos una grave negligencia, pues una información tan relevante, máxime cuando se contrata a alguien por su prestigio, debe ser facilitada por su parte y discutida abiertamente antes de contratar sus servicios».
Ruperti concluye la carta de este modo: «Habida cuenta además de los elevadísimos honorarios pactados por una reputación cuanto menos dudosa, esta ocultación por Vd. podría incluso constituir un absoluto embeleco», al tiempo que le reclama «la devolución de todas las cantidades hasta la fecha, así como se me informe detalladamente de los trabajos y actuaciones».
Pese a que no ha ocurrido ni una cosa ni la otra, fuentes próximas a Ruperti dicen a ABC que el empresario no ha demandado por estafa al exjuez porque le avisaron de que «le iba a buscar problemas utilizando todos los medios a su alcance».
Sin respuesta de Garzón
El diario ABC se ha puesto en contacto con fuentes oficiales del despacho de Baltasar Garzón para recabar su versión de los hechos, pero no se ha obtenido respuesta alguna. Ilocad, fundado en 2012, ha facturado 14,3 millones de euros hasta el año 2017.
El exmagistrado viajó a Isla Margarita (Venezuela) en el año 2016, como desveló ABC, para encontrarse con el general chavista, al que Estados Unidos identificaba como uno de los líderes del Cartel de los Soles, el grupo de narcos controlado por el Ejército venezolano. La agencia antidroga estadounidense, la DEA, acusa a este cartel de introducir en el país cocaíana de las FARC,la guerrilla colombiana.
Hugo Carvajal fue director de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) entre los años 2004 y 2011, con Hugo Chávez, y de su sucesora, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, entre 2013 y 2014. Mayor General del Ejército Nacional de Venezuela, una vez retirado entró en política y salió diputado electo de la Asamblea Nacional por el Estado de Monagas en 2016. En 2014 evitó la extradición desde la isla de Aruba, de jurisdicción holandesa, cuyas autoridades denegaron la orden. «El Pollo» Carvajal recaló en Madrid. Enfrentado a Maduro, el pasado febrero reconoció al presidente interino Juan Guaidó en un vídeo publicado en Twitter. El 12 de abril fue detenido en Madrid por agentes de la Policía. La Audiencia Nacional estudia ahora la orden de extradición de Estados Unidos en su contra.
Adjudicación de Pdvsa
Como informó ABC, tres meses después de la firma del contrato entre Maroil Trading y el despacho de Garzón, la empresa del venezolano Ruperti recibió de Pdvsa, la petrolera estatal, una adjudicación de 138 millones de dólares, unos 123 millones de euros al cambio actual.
Wilmer Ruperti ha comunicado a ABC que el contrato fue «fruto de una licitación pública e internacional a la que se invitaron a 17 empresas de todo el mundo, ofreciendo la mejor oferta mi empresa». Añade que «el contrato exigía a las empresas una inversión directa y previa de casi 90 millones de dólares en maquinaria e instalaciones, que además había que ejecutar, con la enorme dificultad que ello conlleva por el bloqueo norteamericano», y que genera «254 puestos de trabajo directos durante al menos cinco años». El empresario sostiene que «ojalá mi actuación sirviera de ejemplo para otros muchos en los momentos tan difíciles que atravesamos».
Fuentes próximas a Ruperti desvinculan la adjudicación de Pdvsa del hecho que Ruperti pagara la asesoría legal del general Hugo Carvajal. Sostienen que lo hizo para ayudar a su país ante los «ataques» de Estados Unidos «sin pruebas».
