La Policía ha pedido a los usuarios que se pongan en contacto con ellos si han comprado en esta webs
La Guardia Civil, en la denominada operación Lupin y bajo la dirección del Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 4 de Requena, ha detenido a J.A.F, un joven leonés de 23 años de edad, considerado el mayor ciber-estafador en la historia de España, sobre el que recaían más de 25 requisitorias judiciales de detención por todo el territorio nacional, lo que lo convertía en objetivo prioritario para todas las policías de nuestro país.
Según han confirmado a Agencia6 la Guardia Civil, el joven es natural de Ponferrada pero en la última época residía en Madrid en hoteles de la zona.
Llegó a estafar al menos a 2.400 personas desde una treintena de páginas web que simulaban vender con descuentos productos tecnológicos como teléfonos móviles y tablets. El fraude está valorado en unos 900.000 euros, con víctimas que llegaron a tener pérdidas de hasta 40.000 euros debido a que la red se hizo con sus cuentas bancarias.
Tras estas detenciones la Policía ha solicitado que se bloqueen 39 páginas web fraudulentas que se valían de la técnica conocido como ‘vishing’, estafas de ‘phishing‘ que se hacen por teléfono para lograr que las víctimas revelen información crucial de carácter financiero o personal. Los agentes han alertado a los usuarios que si han comprado alguna vez en alguna de estas páginas avisen por correo al cuerpo.
La organización desmantelada llevaba a cabo una segunda estafa, ya que las personas que realizaban la compra a través de las web eran luego contactadas por vía telefónica y, en muchos casos, ofrecían sus datos bancarios.
La red creaba páginas web similares a otras empresas reconocidas pero incluyendo pequeñas variaciones en el dominio, induciendo a error a los usuarios, todos españoles, que pensaban que estaban accediendo al sitio web original. Tras realizar la compra de alguno de los productos ofertados y efectuar el pago mediante transferencia bancaria, el comprador ni recibía el artículo supuestamente adquirido ni le era reembolsado su importe.
La organización criminal investigada era consciente de la necesidad de configurar una amplia red de cuentas corrientes donde recibir los ingresos provenientes de sus ilícitos, dar de alta líneas telefónicas, registrar dominios o contactar con diseñadores de webs, actuaciones previas para iniciar su fraudulenta actividad. Todo ello a la vez que preservaban las identidades de sus máximos responsables.
