Un ciudadano ha denunciado al Ayuntamiento de Alicante ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente de la Generalitat Valenciana, tras reclamar una serie de documentos relativos a subvenciones y contratos menores relacionados con las actividades de las concejalías de cultura y turismo, a cargo de los ediles Antonio Manresa y María del Carmen Sánchez, ambos del partido Ciudadanos.
Contratos inexistentes y empresas fantasma
El joven, que para mantener su anonimato ante posibles represalias, solo quiere identificarse como A. Alarcón, comenzó a sospechar que algo estaba mal, cuando reparó en que multitud de contratas del ayuntamiento procedentes de las mencionadas concejalías, recaían siempre en la misma empresa de eventos o en sus responsables.
Al comprobar los contratos menores publicados en la web del ayuntamiento, A. Alarcón descubrió que los contratos para licitar la mayoría de las actividades no figuraban en ningún sitio y las pocas iniciativas que sí aparecían en la documentación del portal, confirmaban sus inquietudes, al concederse mediante contratos menores a las mismas empresas una y otra vez por conceptos similares, si no idénticos.
En ocasiones, estos contratistas ni siquiera aparecían como sociedades inscritas en el Registro Mercantil, pese a figurar bajo dicha condición en la documentación disponible, como es el caso de «Eventos Fetén«, cuya única realidad fuera de los contratos municipales es un perfil de Instagram y su logotipo asociado a los talleres que organiza Cultura.
Otras instituciones de la ciudad como la sala de exposiciones de La Lonja del pescado, que depende de la misma concejalía, aunque actúa como organismo autónomo, ni siquiera había publicado sus cuentas o contratos desde el año 2018, pese a mantener una intensa agenda de actividades y estar dirigida directamente por Catalina Rodríguez, cuñada del alcalde de la ciudad Luís Barcala.
Respuestas Vagas y evasivas
Tras solicitar al departamento de transparencia del Ayuntamiento de Alicante la información ausente, pormenorizando a lo largo de más de cuatro hojas toda la documentación que no figuraba en el portal del consistorio, la única respuesta oficial que A. Alarcón consiguió, fue un email con dos enlaces, uno a la propia web del Ayto. y otro al perfil del contratante, sin aportar ni un solo documento o un hipervínculo a los PDF solicitados en caso de estos existieran en la página municipal.
Ante la endeble y falaz contestación del Ayuntamiento de Alicante, el solicitante ha elevado la petición al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano superior dependiente de la Generalitat Valenciana, ante el que también ha denunciado el incumplimiento que, según cree, el consistorio alicantino está haciendo de la ley de transparencia, trasladando sus sospechas de que la opacidad en las respuestas está encubriendo al menos, un delito de fraccionamiento de contratos.
Acciones legales
A. Alarcón ha transmitido a este medio que, en caso de que tampoco obtenga respuesta a su petición tras la denuncia ante la Generalitat, emprenderá irremisiblemente acciones legales contra los responsables del Ayuntamiento, tanto por la vía contencioso administrativa, como por la penal de ser necesaria, lamentándose de que «ningún partido de la oposición haga el trabajo de control a la labor de gobierno por el que cobran un buen dinero de los alicantinos.»
No es la primara vez que el gobierno de la ciudad se enfrenta a una situación similar. La ex alcaldesa Sonia Castedo ya elevó al Síndic de Greuges una denuncia contra el actual alcalde Luis Barcala, al considerar que se le estaba negando el acceso al expediente de contratación de un abogado externo, por el que el Ayuntamiento pagó 40.000€ para defender los intereses municipales en el caso del PGOU, del que Castedo ha salido absuelta.
