La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos interpuestos por la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y por la Fiscalía, anulando el auto del juez Juan Carlos Peinado que solicitaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el rescate público de 475 millones de euros a Air Europa en 2020. El auto de la Sección 23, fechado el 27 de octubre pero conocido este jueves, argumenta que la resolución de Peinado «carece de la motivación necesaria» para justificar la ampliación del objeto de investigación en el caso abierto contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación.
Falta de indicios y motivación en la decisión del instructor
El juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha intentado en varias ocasiones ensanchar la causa —abierta en primavera de 2024— para incluir el rescate a la aerolínea, filial de Globalia, bajo la sospecha de que la relación laboral y personal de Gómez con Javier Hidalgo, exCEO de la compañía, pudo influir en la decisión gubernamental durante la pandemia. En un auto del 22 de marzo, Peinado argumentó que necesitaba el informe de la UCO para «acreditar hechos nuevos» y obtener indicios, refiriéndose a menciones en procedimientos del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional sobre la conexión Hidalgo-Gómez.
Sin embargo, la Audiencia ha reprochado que esta sospecha se basa en «meras conjeturas» y «coincidencias personales, temporales y de lugar», sin «el más mínimo indicio» que legitime la investigación. Los magistrados destacan que Peinado alude a noticias periodísticas y declaraciones del empresario Víctor de Aldama —implicado en el caso Koldo—, quien sugirió una mediación de Gómez vía el exministro José Luis Ábalos ante el Consejo de Ministros, pero sin aportar datos objetivos. «No se puede investigar basándose en recortes de prensa que no dejan de ser meras sospechas», concluye el auto, recordando que resoluciones previas ya vetaron esta línea por falta de base.
La sala subraya que el rescate fue aprobado por el Consejo de Ministros, involucrando a aforados cuya investigación corresponde a instancias superiores, y que no procede una «amplia indagación» sin conducta racionalmente sospechosa previa. La defensa de Gómez, representada por el exministro Antonio Camacho, y la Fiscalía habían argumentado que Peinado buscaba «indicios para abrir la investigación» en lugar de partir de ellos, con una resolución «carente de motivación».
Próximas diligencias en el caso Begoña Gómez
Este revés llega a pocos días de nuevas declaraciones. El domingo, Peinado tomará testimonio a Judit Alexandra González Pedraz, secretaria general de Presidencia en La Moncloa desde marzo de 2023 y superior jerárquica de Cristina Álvarez —asesora de Gómez y también imputada—. Inicialmente citada para el miércoles, su comparecencia se pospuso. Además, declararán tres testigos: Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), quien aportó correos sobre la gestión de la cátedra dirigida por Gómez; Diego de Alcázar, presidente del Instituto de Empresa (IE); y Miguel Escassi, director de Relaciones Institucionales de Google España.
La causa se centra en la relación laboral de Gómez con una asesora de La Moncloa y su actividad en la UCM, sin que la Audiencia haya hallado indicios de influencia en decisiones públicas como el rescate aéreo.
