Víctor de Aldama, el empresario convertido en «nexo corruptor» de las sombras del PSOE según la Guardia Civil, lanza un grito de auxilio judicial: pide permiso urgente al juez Santiago Pedraz para liquidar un edificio en Málaga valorado en 3,5 millones de euros, amenazado por okupas y asfixiado por un préstamo impagable. Con cuentas y bienes embargados por el caso Hidrocarburos –una presunta estafa de 231 millones en IVA de carburantes–, Aldama argumenta que no es un blanqueo, sino supervivencia: «Sin esto, el proyecto muere y el dinero prestado se evapora». Pero críticos ven en la maniobra un intento de rescatar fondos de un imperio en ruinas, mientras compradores afectados claman por sus sueños rotos.
El escrito, presentado por su letrado José Antonio Choclán ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, destapa un drama paralelo al escándalo principal. El inmueble, en Calle La Hoz, 2 (Málaga), pertenece a Logística Comercial Montelimar SL, donde Aldama es administrador único. En agosto de 2023, la firma firmó un préstamo con Ivercenter por 3,5 millones, exacto al precio del solar para un ambicioso proyecto de 14 pisos cerca de la playa. La devolución estaba fijada para febrero de 2024, pero las medidas cautelares –prohibición de enajenar impuesta en octubre de 2024 por indicios de que Aldama es el «verdadero dueño»– lo bloquearon todo.
«Como consecuencia de estas diligencias y embargos, no ha sido posible reembolsar», lamenta la defensa, alertando de un «riesgo inminente de ocupación» denunciado en mayo. Un posible comprador surgió en julio: pagaría por el lote en bruto, culminando el desarrollo. «No está vinculado al procedimiento; es un proyecto legítimo», insisten, comprometiéndose a depositar los fondos en judicial para «garantizar intereses públicos». Pedraz ha abierto una pieza separada para decidir: ¿levantar la prohibición o dejar que el edificio caiga en manos de okupas y acreedores furiosos?
El telón de fondo: De las mascarillas al fuel, un imperio en quiebra
Aldama, detenido en febrero de 2024 por el caso Koldo (máscaras defectuosas al Gobierno por millones) y de nuevo en octubre por Hidrocarburos –donde pasó 42 días en prisión provisional–, pinta un retrato de empresario arrinconado. La Guardia Civil lo tilda de «conseguidor» en tramas que salpican a Ábalos, Koldo García y hasta Ferraz: testigos como Carmen Pano afirman entregas de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE por orden suya. En septiembre, la Audiencia Nacional subastó su Ferrari incautado por 25.000 euros iniciales. Y en X, el revuelo: «Aldama confirma nacionalidad dominicana de Begoña Gómez» o «pruebas de sobres en el PSOE», aunque sin corroboración judicial.
Pero los damnificados reales son siete familias que pagaron arras por pisos en 2023, soñando con vistas al mar. «Firmamos contratos para entrega en septiembre, pero tras la detención de Aldama, todo se paralizó», revela una fuente cercana a los afectados. «Queremos garantías de que recibamos las viviendas pactadas». Aldama ha recurrido, y la Sala de lo Penal decide este viernes.
¿Oportunidad o maniobra evasiva?
La defensa jura inocencia: «Fondos no vinculados al fraude; solo devolución de préstamo». Pero el timing levanta sospechas: ¿Vender ahora, con el caso en ebullición, es limpiar activos o salvar el pellejo? Mientras, los socios de Aldama reviven su negocio de gimnasios post-Koldo, y Ábalos niega pagos en negro que él mismo le achaca. Pedraz, conocido por su mano dura, tiene la última palabra. Si aprueba, Aldama respira; si no, Málaga podría ser el epitafio de su imperio: un edificio fantasma en la Costa del Sol, okupado por la realidad judicial.
