¡Isabel Díaz Ayuso celebra un triunfo rotundo en los tribunales que descarga a Madrid de un peso que asfixiaba sus recursos! El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Comunidad en un fallo histórico: el Gobierno central debe asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados (MENAs) que llegan a España y esperan resolución de asilo, un colectivo que ha explotado en los últimos años y que Madrid gestionaba en solitario pese a no ser competencia autonómica. ¡Con más de 1.500 menores en centros madrileños –el 40% del total nacional– y un coste anual de 120 millones de euros, la sentencia obliga al Ministerio de Inclusión a hacerse cargo de su guarda y manutención hasta que se resuelva su protección internacional, un alivio que Ayuso califica de «justicia elemental» y que podría replicarse en Canarias, Andalucía o Ceuta! En un pulso que ha durado un año, este veredicto no es solo administrativo; es un mazazo al «descontrol migratorio» del Ejecutivo de Sánchez, que ahora enfrenta la factura de una política que descarga en autonomías la presión de llegadas masivas.
El origen del conflicto es un goteo que se convirtió en avalancha: desde 2023, Madrid ha absorbido el grueso de MENAs en espera de asilo –muchos procedentes de Marruecos, Senegal o Gambia–, con centros saturados y presupuestos al límite. La Comunidad demandó al Estado por «inactividad» en la tutela, argumentando que la Ley de Extranjería y la de Protección del Menor otorgan competencia exclusiva al Gobierno central en solicitudes de asilo. El Supremo, en sentencia firme, lo confirma: «La Administración General del Estado es la competente para la guarda de menores extranjeros en situación de desprotección mientras se resuelve su petición de protección internacional». ¡Un fallo que obliga al Ministerio de Elma Saiz a activar protocolos inmediatos de traslado y financiación, con retroactividad para casos pendientes! Fuentes de la Puerta del Sol celebran: «Es un antes y un después; Madrid no puede ser el cajón desastre de la inmigración descontrolada».
Ayuso no ha perdido tiempo en capitalizar la victoria: «El Supremo nos da la razón; el Gobierno debe asumir su responsabilidad y no descargar en Madrid lo que le corresponde». El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, remató: «Es justicia elemental; llevamos un año reclamando lo que la ley ya decía». La sentencia, que desestima el recurso del Estado, podría extenderse a otras autonomías como Canarias –con 5.000 MENAs en centros– o Andalucía, donde el sobrecoste anual supera los 200 millones. El Ministerio de Inclusión guarda silencio inicial, pero fuentes internas susurran «preocupación» por el impacto presupuestario en un 2026 con fondos UE recortados.
Esta no es una sentencia aislada; es el clímax de un pulso migratorio que hierve desde la crisis de Ceuta en 2021, con MENAs multiplicados por cuatro y un sistema de reparto autonómico que Madrid tilda de «injusto». ¡Con el PP gobernando en 14 comunidades, este fallo podría ser el detonante de una rebelión fiscal contra el «descontrol» central! ¿Asumirá Sánchez la factura, o apelará al Constitucional? En Agencia6, el pulso autonómico late con esta victoria madrileña: ¡de sobrecarga a justicia, Ayuso respira! ¿Te afecta en tu comunidad? Comparte en comentarios y síguenos para réplicas judiciales – porque cuando el Supremo habla, el Gobierno escucha… o debería.
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