El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha dictaminado que la Ley de Amnistía (LOA) aprobada por el Gobierno español para extinguir responsabilidades penales derivadas del procés catalán de 2017 contraviene parcialmente el Derecho comunitario. En sus conclusiones, leídas este jueves en Luxemburgo, Spielmann critica el plazo de dos meses impuesto a los tribunales españoles para resolver sobre la aplicación de la norma, lo que podría menoscabar el procedimiento prejudicial y la tutela judicial efectiva. No obstante, aclara que la ley no implica una «autoamnistía» ni afecta a fondos europeos, al no identificar un vínculo directo con ellos. Estas opiniones, no vinculantes, guiarán la sentencia final del TJUE, prevista para finales de 2025, que podría condicionar el proceso judicial de Carles Puigdemont y otros líderes independentistas.
Crítica al plazo de dos meses y su impacto en la independencia judicial
Spielmann sostiene que obligar a los órganos jurisdiccionales españoles a dictar resoluciones absolutórias y levantar medidas cautelares en un máximo de dos meses —incluso antes de que el TJUE resuelva sobre cuestiones prejudiciales planteadas— priva al procedimiento prejudicial de «todo efecto útil», especialmente en la fiscalización de fondos públicos por el Tribunal de Cuentas. Este plazo, calificado de «excesivamente corto y vinculante», podría «quebrantar» la exigencia de independencia judicial al limitar la capacidad de los tribunales para examinar si los hechos amnistiados involucran fondos europeos o nacionales, y su uso efectivo en la promoción de la independencia catalana.
El Abogado General matiza que esta apreciación final corresponde al Tribunal de Cuentas, y recuerda que el Gobierno español defiende el plazo como «estrictamente indicativo», sin refutaciones por las partes. Además, critica que la LOA limite la audiencia exclusiva a entidades públicas perjudicadas y al Ministerio Fiscal, excluyendo a las partes civiles que iniciaron acciones públicas, lo que podría vulnerar la tutela judicial efectiva. Propone interpretar la norma para que se garantice el derecho de estas partes a ser oídas.
No afecta a fondos comunitarios ni califica como «autoamnistía»
Spielmann descarta que la amnistía haya impactado fondos de la UE, al no encontrar un «vínculo directo» entre los caudales malversados en el procés (como los usados en el 1-O o Diplocat) y recursos europeos. Esto contradice argumentos previos de entidades como Sociedad Civil Catalana (SCC), que en julio impugnaron la norma alegando un choque con intereses financieros comunitarios. El borrado de la malversación, que mantiene inhabilitaciones impuestas por el Tribunal Supremo, dependerá así de la calificación nacional de los fondos.
En cuanto a los delitos de terrorismo vinculados a los Comités de Defensa de la República (CDR), Spielmann rechaza la calificación de «autoamnistía». Argumenta que la LOA no protege un «régimen político» frente a la Justicia, sino que responde a una «situación excepcional» con fines de «normalización institucional y reconciliación». Sustenta esto en: su aprobación parlamentaria en un sistema democrático plural; su carácter impersonal, limitada a actos específicos en un período concreto; y su sometimiento al control judicial. Esto sigue la tesis del Gobierno de Pedro Sánchez, pese a críticas de sectores jurídicos y políticos.
Implicaciones para el procés y el procedimiento en el TJUE
Las conclusiones responden a cuestiones prejudiciales del Tribunal de Cuentas, SCC y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (ACVOT) sobre la compatibilidad de la LOA con el Derecho UE. Aunque no vinculantes, los Abogados Generales influyen en el 80% de las sentencias del TJUE. La resolución final, esperada antes de fin de año, podría obligar a reinterpretar la amnistía, afectando a una treintena de procesados, incluido Puigdemont, cuya extradición desde Bélgica pende de interpretaciones sobre inmunidad.
El Gobierno español, representado por el letrado Carlos Urraca Caviedes, defendió la norma como no contraria a la UE. Críticos como el PP y Vox la tildan de «inconstitucional», mientras independentistas la ven como paso a la reconciliación.
