El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado un auto de procedimiento abreviado —equivalente al procesamiento— contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, al considerar que existen «indicios muy consistentes» de que facilitaron un «acceso preferente» a contratos públicos de mascarillas durante la pandemia a cambio de comisiones millonarias en efectivo y favores. Los hechos, investigados en la pieza principal del caso Koldo, se califican provisionalmente como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El auto de 47 páginas, notificado este lunes, pone fin a la fase de instrucción sobre las adquisiciones irregulares de material sanitario por valor de 53 millones de euros, repartidos entre el Ministerio de Transportes, Interior, y los gobiernos de Baleares y Canarias. Puente concluye un «concierto de voluntades» entre los tres: Aldama, como comisionista, localizaba empresas dispuestas a pagar mordidas; Ábalos y Koldo, aprovechando el cargo ministerial, aseguraban adjudicaciones a cambio de retribuciones económicas.
Entre los indicios clave, el juez destaca un viaje oficial a México en febrero de 2019, organizado en parte por Aldama, que fortaleció sus lazos. En marzo de 2020, con información «previa y privilegiada» sobre la urgencia sanitaria, Aldama intermedió para que su empresa, Soluciones de Gestión 2002 SL, obtuviera contratos por 8 millones de mascarillas para Puertos del Estado (doblado en media hora) y 5 millones para Adif, tras una orden firmada por Ábalos. Las comisiones, según anotaciones de Aldama, ascendían a 2 millones para Ábalos y 500.000 euros para Koldo, pagadas en efectivo en España o en República Dominicana —donde el hermano de Koldo, Joseba García, recogió al menos 10.000 dólares en dos viajes—.
El auto también incluye irregularidades paralelas, como la contratación de Jésica Rodríguez y Claudia Montes —cercanas a Ábalos— en empresas públicas como Ineco, Tragsa y Logirail, sin funciones reales, a cambio de favores. Puente rechazó la inmunidad de Ábalos en enero de 2025 y tomó declaraciones en diciembre de 2024; la causa se dividió en septiembre para separar esta pieza de la investigación sobre obras públicas, donde también está implicado Santos Cerdán (en prisión).
El PSOE ha expulsado a Ábalos, ahora en el Grupo Mixto, y el Gobierno califica el auto de «ataque a la independencia judicial». La oposición exige dimisiones y una comisión de investigación en el Congreso. El juicio oral se celebrará si la Fiscalía y acusación particular lo confirman.
