Andalucía impulsa un plan de choque para agilizar la nueva prestación extraordinaria de la Renta Mínima

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Dotado con 1,9 millones de euros, supondrá la contratación de 80 efectivos para la gestión de expedientes de un crédito de 30 millones para auxiliar a los colectivos más vulnerables

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado de la puesta en marcha de nuevo plan de choque para la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía dotado con 1,9 millones de euros que supondrá la contratación de 80 trabajadores y trabajadoras para la gestión de expedientes de prestaciones extraordinarias.

Este ambicioso proyecto viene acompañando a la nueva prestación extraordinaria de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, que tiene un presupuesto de 30 millones de euros, para situaciones de necesidad y dar cobertura a familias unipersonales o con menores a cargo en exclusión social o en riesgo de estarlo, fruto del Acuerdo andaluz de medidas extraordinarias en el marco de la reactivación económica y social. Una medida destinada a la protección de las personas más vulnerables y afectadas por la crisis del Covid-19.

Asimismo, este acuerdo contempla la constitución de una Mesa de Diálogo Social donde «considerar la reforma de la Renta Mínima y el establecimiento de una prestación que atienda las necesidades de las familias y, en definitiva, permita la compatibilidad y complementariedad necesaria con el Ingreso Mínimo Vital estatal», según ha explicado Ruiz.

«El balance de la gestión realizada respecto a la Renta Mínima es bastante positivo, puesto que las medidas que se han tomado han permitido paliar situaciones de urgencia o emergencia social durante los meses de confinamiento por el estado de alarma. Ello ha supuesto que se haya alcanzado las nóminas mensuales más elevadas desde que se aprobó esta prestación en Andalucía», ha subrayado.

En concreto, en el ejercicio 2020, la Renta Mínima ha alcanzo el máximo nivel de ejecución presupuestaria de su historia, llegando a los 135,7 millones de euros y beneficiar a más de 79.000 personas, de las que más de 31.000 son menores de edad.

Por otra parte, la consejera ha remarcado que «la llegada del Ingreso Mínimo Vital por parte de la Administración estatal supuso un nuevo incremento en la gestión de la Renta Mínima por las numerosas revisiones de expedientes que se han tenido que efectuar». Así como que, «dadas las bajas cuantías concedidas, ha sido necesario tramitar una revisión completa de la Renta Mínima andaluza para ajustar las cantidades».

Nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión

Además de los recursos económicos que permitan salir de la exclusión, el nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión que ha proyectado la Consejería de Igualdad contempla un itinerario formativo y un proyecto de inserción social y laboral «para que todos los andaluces y andaluzas tengan las mismas oportunidades«, ha destacado la consejera.

«Solo desde perspectivas que aboguen por la inclusión, la superación de barreras sociales y la incorporación al mercado laboral podremos dejar atrás las bochornosas cifras de pobreza de Andalucía. Frente a los posicionamientos meramente subvencionistas, centrados en ayudas económicas sin más aspiraciones, creemos que hay que poner al alcance de todos y todas alternativas educativas y laborales que rompan dinámicas perversas y desincentivadoras».

De hecho, entre sus novedades se introducen competencias de la Consejería de Educación y Deporte para su participación en el seguimiento de los planes de inserción socio-educativos, así como de la Comisión Interdepartamental de Absentismo Escolar.

El proyecto de texto articulado del IPII contempla como objeto de la prestación el derecho subjetivo a cubrir las necesidades básicas que permitan un desarrollo integral de la persona y la inserción e inclusión social por medio de un itinerario señalado en un plan de inserción social. Asimismo, sus objetivos principales sitúan al menor en el centro de la atención: reducir los índices de pobreza infantil, erradicar la marginación y la desigualdad, garantizar la atención a las situaciones de exclusión social y promover la inclusión e inserción social.

Entre las características de esta nueva ayuda, cabe destacar que se trata de una prestación garantizada mensual y que tiene carácter complementario con cualquiera de los recursos de los que disponga la unidad de convivencia derivados de rendimientos del trabajo o del patrimonio que resulten insuficientes, así como con las prestaciones económicas y de servicios. Es intransferible y tiene carácter subsidiario con respecto a cualquier prestación de carácter contributivo o no.

Las personas titulares del IPII deberán tener una edad comprendida entre los 18 y 64 años. Asimismo, las de edad entre 18 y 22 años que se encuentren desempleadas o con recursos insuficientes con menores a su cargo, que hayan estado bajo tutela de la Administración de la Junta, con discapacidad, personas huérfanas de ambos progenitores, las familias unipersonales, sin hogar y víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos. También se podrá conceder a menores de edad con excepciones, como personas emancipadas entre 16 y 17 años cursando una formación académica o profesional y mujeres menores de 18 embarazadas; así como a mayores de 65 años con menores a su cargo.

Esta nueva prestación tendrá una duración inicial de 12 meses y se podrá acordar la ampliación por periodos sucesivos del mismo tiempo mientras persistan las circunstancias que la motivaron.

Foto: Diario de Cádiz

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