Desde que se pusiese en marcha la ayuda prometida por Sánchez e iglesias hace tres meses, el gobierno de España sólo ha aprobado el 1% de todas las solicitudes presentadas por personas y familias desesperadas.
Han pasado casi tres meses desde que el Gobierno pusiera en marcha la solicitud del Ingreso Mínimo Vital (IMV) —y más desde que se aprobara la medida en Consejo de Ministros a finales de mayo—, pero el dinero todavía no ha llegado a los beneficiarios. Tal y como reconoció hace unos días el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de las casi 900.000 solicitudes que ha recibido su organismo, sólo 85.000 familias han recibido la prestación a día de hoy, apenas el 10%.
Si tenemos en cuenta que, de esa cifra, 75.000 rentas empezaron a pagarse de oficio a finales de junio, vemos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sólo ha sido capaz de dar luz verde a 10.000 solicitudes nuevas en tres meses, poco más del 1% del total. Esas 75.000 familias —74.119 para ser exactos— ya venían recibiendo la prestación por hijo a cargo anteriormente, por lo que lo que ha hecho el Gobierno ha sido sustituir esa paga por el IMV y hacerla desaparecer.
«Los hogares reconocidos de oficio son aquellos de los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tenía información suficiente sobre la composición del hogar para poder realizar la reconversión», explicaba entonces la Seguridad Social, que avisó a estos pocos agraciados, previamente, por SMS y carta para que no tuvieran que solicitar el Ingreso Mínimo Vital. El primer desembolso fue de 32 millones de euros.
Que sólo un 1% de los solicitantes haya visto ingresado el IMV en sus cuentas corrientes viene a confirmar el fiasco de una de las medidas estrella del Gobierno en la crisis del coronavirus junto a los ERTE. De hecho, ambas prestaciones están teniendo resultados similares durante sus primeros meses de vida: retrasos en los pagos, errores en las solicitudes y saturación entre los funcionarios que las gestionan. El creador del IMV, el ministro José Luis Escrivá, reconoció recientemente la «avalancha» de solicitudes, como también hizo en su momento Yolanda Díaz. Aunque los datos del Gobierno en el pago de los ERTE nunca coincidieron con los de los gestores o los funcionarios.
«Tramitar el IMV es un infierno»
El responsable nacional del sindicato de funcionarios CSIF en la Seguridad Social, José Manuel Moreno, ya intuía que «el Ingreso Mínimo Vital iba a ser un caos desde el primer día», asegura a Libre Mercado. «Si ya lo anticipamos con las millones de solicitudes que tuvo el simulador que activó la Seguridad Social previamente. Se veía venir», recuerda. En tan sólo cuatro días, se registraron más de 3 millones de solicitudes en dicho simulador.
«El Ingreso Mínimo Vital se ha desbordado por todos los lados. La gente se lleva el trabajo a su casa, pero no damos abasto. La carga de trabajo es brutal«, denuncia Moreno. El portavoz de CSIF explica que el IMV «no es una prestación sencilla porque requiere la presentación de muchísima documentación, cotejar información con Hacienda, comprobar el patrimonio etc. Desde el Gobierno, nos dijeron que tardaríamos 45 minutos en tramitar una solicitud y hay veces que tardamos varios días», añade.
Además, «en el perfil de solicitante del IMV hay una brecha digital enorme y se les está pidiendo que presenten las cosas por internet o tengan certificados digitales«, explica quien conoce de cerca el día a día de los funcionarios de la Seguridad Social. En agosto el Gobierno aseguró que un 40% de las solicitudes examinadas hasta el momento había llegado con la documentación incompleta (gran parte de ellos sin certificado de empadronamiento). Su medida más social hacía aguas.
«Sabíamos que iba a pasar lo mismo que con los ERTE y así ha sido«, asegura Moreno. Como con los ERTE, todos los solicitantes acabarán recibiendo el dinero que se les debe de la ayuda con carácter retroactivo. Eso sí, tarde. A diferencia de los trabajadores del SEPE que tramitan los ERTE, en la Seguridad Social los funcionarios cobran 14 euros por cada expediente tramitado en sus horas extras, según CSIF. Pero ni ese incentivo está logrando retener a los funcionarios en el proceso. «Muchos empleados que se apuntaron a hacer horas extra se han desapuntado porque tramitar el IMV es un infierno. Ves que todas las solicitudes tienen errores o información incompleta y que no puedes avanzar. Es desesperante», cuenta Moreno. «Los que tramitan solicitudes más allá de su jornada lo hacen por vocación, porque estamos hablando de una prestación que necesita la gente para comer», añade.
El IMV retrasa las jubilaciones ordinarias
Por todo ello, el portavoz de CSIF en la Seguridad Social reclama más personal en su departamento. Ya en junio el Gobierno contrató a unas 500 personas de Tragsatec, la filial de la empresa pública Tragsa, como refuerzo para la gestión de expedientes, pero parece que no ha sido suficiente. «Lo que hacen ellos está muy bien, pero es sólo el primer paso. Consiste en adjuntar todos los documentos que mandan los solicitantes y pasar sus datos al sistema informático, pero nada más. La resolución de cada prestación la tenemos que hacer los funcionarios y las dudas, cuando se salen del guión que tienen en Tragsatec, también nos las pasan a nosotros», explica.
El portavoz del CSIF prefiere no comentar la polémica surgida a raíz de los testimonios anónimos algunos extrabajadores de Tragsatec, que han denunciado que les ordenaron retrasar los expedientes aunque fueran correctos. «Lo único que sí puedo asegurar es que a nosotros nunca se nos ha dicho que ralenticemos el proceso. De ninguna de las maneras», asegura rotundo. Tragsa también lo ha desmentido.
Pero al nefasto resultado de una medida que fue vendida a bombo y platillo por el Ejecutivo socialista —y que, incluso, le costó otro enfrentamiento con Pablo Iglesias— hay que sumarle otro efecto: los retrasos en la tramitación de otras prestaciones. Desde CSIF avisan de que la aprobación de las nuevas pensiones de jubilación o de incapacidad también se están ralentizando por el IMV, debido a que a los funcionarios les resulta imposible asumir toda la carga de trabajo. «Si antes tardábamos 15 días en aprobar una jubilación ordinaria, ahora, tardamos un mes o mes y medio«, más del doble. «Antes, un pensionista que se jubilaba a primeros de mes, ya cobraba a finales, pero ahora, por el IMV, tiene que esperar al mes siguiente», explica Moreno. «Ahora es un mes, pero como sigamos con esta avalancha, pronto serán dos meses y luego, tres», advierte.
Al Gobierno le sale su propia ‘marea’
La indignación sobre los tres meses de espera que ya se anota el IMV es tal, que a PSOE y Podemos le ha salido hasta su propia marea de izquierdas. Se hacen llamar Marea Básica y son defensores de la Renta Básica Universal, que es la ayuda incondicional que recibirían todos los hogares fuera cual fuera su situación patrimonial.
A día de hoy, este grupo está amenazando con movilizaciones ante el «desastre» del IMV, según un comunicado. Será el 15 de septiembre cuando Marea Básica va a llevar a cabo las protestas en grupos de 10 personas y en diferentes edificios públicos, como las oficinas de la Seguridad Social. «A la dificultad de la presentación de solicitudes telemáticas se suman las largas colas de espera para que las personas sean atendidas presencialmente gracias a la complejidad del formulario de solicitud, los documentos exigidos en su presentación y la brecha digital existente para las personas que más lo necesitan. Otra consecuencia terrible de este colapso es el hecho de que el acceso a otras prestaciones como por ejemplo el subsidio por desempleo y la gestión de las nuevas pensiones se encuentra en situación de parada creando aún más sufrimiento innecesario», denuncian. «La solicitud del IMV es una locura, no conozco a nadie que lo haya cobrado. Piden un montón de papeles», apunta uno de los impulsores, Enrique Castro.
El Ingreso Mínimo Vital tendrá un coste de 3.000 millones de euros al año para las arcas públicas.
Fuente de la noticia: Libertaddigital y Libre Mercado
