- Canal Maestrat, propiedad de los Adell Bover, llegó a dar como domicilio la misma calle pero en pueblos distintos como Vinaroz y Alcanar. Francis Puig daba La Sénia como dirección en Cataluña y Morella para el gobierno valenciano.
Las empresas administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y las de los hermanos Adell Bover, con los que comparte íntima relación personal y profesional, hicieron malabares con las direcciones aportadas formalmente a los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Cataluña para aparentar tener sedes en ambos territorios o, al menos, tener una vinculación directa con la región en la que se solicita la subvención, según la documentación entregada por las propias empresas.
En el caso de Canal Maestrat SL, propiedad de los hermanos Juan Enrique y Enrique Juan Adell Bover, la gestión del domicilio social llega a lo chusco porque, al menos en la documentación presentada en 2017, el domicilio que se aporta para la solicitud al departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña es en la Plaza de L’Hort dels Escribanos, número 2, de Alcanar (Tarragona), cuando la sede real de la empresa es en la misma calle y el mismo número, pero de Vinaroz (Castellón).
El desliz en el callejero podría considerarse un error de transcripción que, no obstante, se reproduce en varios lugares de la solicitud, cuyo objeto son «subvenciones estructurales para radios y televisiones de titularidad privada en catalán o aranés». Pero es que en el formulario de la misma subvención en el año 2016, se aporta el domicilio correcto, esta vez en Vinaroz, aunque ubicándolo en la comarca de El Baix Maestrat/Montsià.
Esta denominación comarcal no existe administrativamente, porque se trata de comarcas de dos regiones distintas, pero en la zona se emplea en sectores ligados al catalanismo para fomentar la relación entre habitantes, dado que es un área fronteriza en la que se comparte vida económica, social y cultural. Por ejemplo, en La Sénia (Tarragona) existe el Centre d’Estudis d’Investigació històrica Baix Maestrat/ Montsià. Por tanto, parece claro que existe un interés por aparentar ante la administración catalana estar en sintonía con la «identidad nacional del país», cuya promoción es el objeto de las ayudas concedidas por el Govern catalán.
En el caso de las empresas controladas por Francis Puig, el juego con las direcciones suministradas va un poco más allá. En la cuenta justificativa presentada por Comunicacions dels Ports ante la Generalitat de Cataluña, el hermano de Puig ofrece como dirección de contacto un domicilio de La Sénia, en Tarragona. Concretamente en la calle Tint de la localidad, cuando su domicilio está en Penyarroja de Tastavins, en Teruel, y la sede de la empresa se encuentra en Morella, su localidad natal y en la que su hermano Ximo fue alcalde durante cuatro legislaturas con un fortísimo tirón electoral. Era imbatible.
CATALUÑA NO OBLIGA
La orden de bases de las subvenciones a radios y televisiones privadas en Cataluña no exige tener el domicilio social allí. Por tanto, no estaríamos ante un intento de falsear datos ante la Administración para poder optar a esta convocatoria. Pero sí de hacer algún gesto que sea bien visto, ya que el preámbulo de la citada orden habla de ayudar a un sector que en Cataluña «contribuye cada día a la construcción del espacio catalán de comunicación» y que éste, por el hecho de expresarse en catalán o en aranés, se encuentra «en posición de desventaja competitiva respecto a otros medios en otros idiomas con mayores expectativas de mercado».
Una de las claves del éxito de Ximo Puig en Morella era, precisamente, la influencia de los medios controlados por su hermano Francis o los de sus socios en la sombra, los hermanos Adell Bover. Ambos grupos controlaban al menos tres emisoras de radio en Vall d’Uixò, Vinaroz y Morella, además de Televisión de Castellón, cuya gestión asumieron recientemente tras un acuerdo con Marina d’Or, propietaria de la concesión de ese medio.
Las empresas de los Adell Bover y las de Francis Puig trabajan también como productoras de contenidos de manera que, por ejemplo, se presentaron al concurso convocado por À Punt para obtener las corresponsalías de la televisión valencianas en sus áreas de influencia, es decir en las comarcas de ElsPorts y el Baix Maestrat. Aquel concurso acabó en escándalo porque los gestores de la televisión acabaron remitiendo a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia un expediente contra estas empresas al tener indicios de que podrían haber alcanzado pactos de precios para repartirse los lotes del contrato.
Al abrirse este procedimiento, que afectaba a otras seis empresas, Comunicacions dels Ports informó a À Punt de que desistía de presentarse al contrato. En el expediente remitido a la CNMC se explicaba que Comunicacions dels Ports, Kriol Producciones y Canal Maestrat presentaron los mismos precios para tres de los lotes a licitación, que pertenecían a la provincia de Castellón.
Los gestores de À Punt decidieron excluir del procedimiento también a Kriol y a Canal Maestrat al poseer indicios sólidos de «la existencia de un acuerdo entre dichos licitadores para la presentación de ofertas». En el expediente se apuntó a la posible vulneración de la libre competencia y de la Ley de Contratos del Sector Público. De fondo, la explicación de aquel más que aparente pacto de precios es la intensa relación que existe entre las empresas de los Adell y Puig.
Este jueves, la ex mujer de uno de los hermanos Adell prestó declaración ante la Fiscalía Anticorrupción después de una denuncia presentada por ella misma con abundante documentación. La transcripción de esa declaración, revela que, ya desde 2006, casi una década antes de que Ximo Puig alcanzara la Presidencia, los hermanos Adell ya tenían una estrecha relación personal y empresarial con Francis Puig, que es, según la declarante, «quien mueve todo el tema de las subvenciones». Y en actos a los que asistió «ya se oía que cuando Ximo Puig ganase las elecciones se iban a forrar». Desde 2015, las empresas citadas en este artículo han recibido miles de euros en subvenciones públicas y publicidad.
