Tras la aprobación ayer en Junta de Gobierno Local de la adhesión de la iniciativa al programa de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ayuntamiento anunció en su portal web de noticias que “Alicante implantará la Zona de Bajas Emisiones antes de terminar 2023”. Se trata por tanto de la aplicación de un plan de restricciones al tráfico en Alicante similar al “Madrid Central” que impulso Manuela Carmena y que ha reforzado el Alcalde Martínez Almeida, tras anunciar en campaña su derogación.
Desde el grupo municipal de VOX anuncian que van a oponerse a este proyecto que, a juicio del Portavoz, Mario Ortolá, “genera graves desigualdades entre los alicantinos en nombre de la “religión climática progre” que obligará a los ciudadanos a comprarse coches eléctricos si quieren seguir transitando por su ciudad con la libertad de la que hoy disfrutan. Con el “Alicante Central” de Barcala solo los ricos que puedan permitirse gastarse más de 40.000 euros en este tipo de vehículos podrán visitar el centro de la ciudad y eso, pensábamos, iba en contra de la ideología supuestamente liberal del Partido Popular. Desde Vox vamos a emprender una oposición frontal a este claro ejemplo de rendición a los dogmas impuestos al amparo de la maldita Agenda 2030 que vulnera derechos y libertades individuales hasta ahora perfectamente protegidos. Es evidente que Barcala y su gobierno se han “podemizado” y que el inasumible precio lo terminarán pagando, como siempre, los alicantinos. Si quiere enarbolar la bandera del ecologismo para castigar a los ciudadanos tendrá que aprobar esto con la izquierda, que fue quien ideó y planificó toda esta pantomima”.
“VOX no va a decirle a las familias trabajadoras alicantinas que cuentan con un coche de hace 15 o 20 años que no podrán bajar al centro a pasar el día, a hacer sus compras o a llevar a los niños al colegio o que todo ello lo tendrán que hacer en bicicleta o patinete. Tendrá que ser Barcala el que le explique a los ciudadanos porqué desde el Ayuntamiento se les prohíbe seguir viviendo en libertad. Esto no es más que un paso más hacia la absoluta prohibición del vehículo privado en Alicante y en el resto de España. El “lobbie del clima” nos asegura que las clases medias españolas y europeas son las responsables de todas las catástrofes naturales que suceden en el mundo y, por ello, debemos soportar restricciones absurdas y subidas de impuestos “verdes” que lastran el crecimiento económico y la supervivencia de muchas familias. Nuestras empresas están dejando de ser competitivas por las enormes restricciones que se sufren en Europa mientras China incumple sistemáticamente todos los pactos internacionales alcanzados. No en vano la política energética del progresismo solo nos ha traído la factura de la luz más cara de la Historia y, ahora, a muchos alicantinos que tienen que elegir entre pagar el recibo de la luz o llenar la nevera, tienen que aguantar que las élites políticas y mediáticas les obliguen a utilizar la bici en lugar del coche. Es insultante”, afirma Ortolá.
Desde VOX avisan, además, que “con Madrid Central ya vimos cuanto daño al pequeño comercio y a la hostelería genera este tipo de restricciones masivas. En mayo de 2019, la Plataforma de Afectados Por Madrid Central confirmaba que el 53% de las empresas madrileñas afectadas por estas restricciones destruyó empleo únicamente en el primer trimestre de ese mismo año y que la actividad del comercio de proximidad cayó más de un 11%. Desconocemos cual es la opinión de Lidia López como concejal de comercio pero el bipartito debe decir la verdad y explicar cuales son las previsiones económicas tras la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en lo que respecta al comercio y la hostelería alicantinas. Esta medida es lo último que necesitaban cuando van a tardar años en recuperarse de las salvajes restricciones de los gobiernos central y autonómico por la pandemia del covid19”.
