La Guardia Civil ha intervenido al ex juez Santiago Vidal los borradores de la futura Constitución catalana, en los que se contemplaba negar la «obtención de la ciudadanía catalana» a todos aquellos militares, policías nacionales y guardias civiles nacidos fuera de la comunidad autónoma.
La Policía Judicial ha descubierto un documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, mediante el que se establecía textualmente: «No podrán obtener ni conservar la ciudadanía catalana aquellas personas que no siendo catalanes de origen, hayan sido militares profesionales y/o fuerzas de orden público militar o civil del Reino de España y/o hayan formado parte de un gobierno extranjero».
«En todo caso», añade la que pretendía ser la «disposición transitoria» de la nueva Carta Magna, «la República catalana podrá estudiar, caso por caso, su situación y otorgarles la nacionalidad catalana si renuncian a la de origen». En este sentido, el texto en manos del magistrado que preparó la Constitución catalana y que fue inhabilitado por ello por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) añade que «todos los funcionarios del Estado español, por manifestación expresa, dentro del plazo de seis meses a partir del día de la declaración de independencia que quieran seguir siéndolo del Reino de España, cesarán en sus funciones». De esta forma, todos los afectados, «podrían optar por seguir residiendo en Cataluña, perdiendo su condición de funcionarios, como ciudadanos europeos».
SÓLO FUNCIONARIOS DE NACIONALIDAD CATALANA
En esta misma línea, los borradores de la Constitución catalana confiscados a Vidal y que han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, tenían previsto incluir en el capítulo VI del título tercero relativo a la Función Pública, que «todos los funcionarios han de tener la única nacionalidad catalana», convirtiéndose en un requisito sine qua non para acceder a la nueva Administración.
Esta medida fue incluida junto a otras como las integradas en la denominada «disposición derogatoria», en las que se incluye la obligación de «restablecer en los libros de historia y archivos, la recuperación de documentos de todo aquello que se destruyó en claro abuso de la manipulación de nuestra Historia». Al mismo tiempo se acordaba la «derogación de la Monarquía española, la efectividad de todos los títulos nobiliarios concedidos a y o por la Casa de Borbón desde 1700 hasta la actualidad y la Constitución de 1978».
CONFISCAR PROPIEDADES Y MARGINAR EL CASTELLANO
En la referida como «disposición confiscatoria» se añadía que «pasan a propiedad de la República catalana los bienes existentes el día de la declaración de independencia dentro del territorio actual de Cataluña pertenecientes al Reino de España».
De manera paralela la Guardia Civil intervino a Vidal un documento fechado el 27 de octubre de 2012 titulado «Grupo de trabajo sobre la gestión del castellano en el marco de una Cataluña independiente». Este informe fue elaborado por el catedrático de Lingüística general Juan Carlos Moreno y las filólogas Montserrat Alberte Montserrat y Silvia Sáenz Bueno. Todos ellos consideran que «el castellano no debería ser de ninguna manera oficial». Por lo que «la atención de la Administración a los castellano hablantes» sólo debía «quedar garantizada mediante un periodo de oficialidad transitoria o restringida».
Asimismo exigían que «no se acepte a la Real Academia española» y que el castellano no tenga, bajo ningún concepto, presencia destacada en la enseñanza pública de la futura República.
