La Audiencia Nacional ha celebrado este lunes la segunda sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por presunta filtración de datos sensibles sobre una fiscal en el caso Koldo-Ábalos. En la vista, han declarado varios testigos y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, centrándose en el análisis forense de dispositivos electrónicos intervenidos al acusado y su entorno.

Declaraciones clave: registro de móviles y correos

Los agentes de la UCO han detallado el registro de teléfonos y ordenadores de García Ortiz y su jefe de gabinete, confirmando la extracción de miles de mensajes y documentos. Uno de los peritos ha explicado que se hallaron borrados selectivos en aplicaciones de mensajería, aunque se recuperaron parte de los contenidos mediante herramientas forenses. Otro agente ha señalado que el fiscal general utilizaba canales «no oficiales» para comunicaciones internas, lo que dificultó inicialmente el rastreo.

Entre los testigos, destaca la declaración de la fiscal implicada en el caso Ábalos, quien ha reiterado que la filtración de su informe interno perjudicó la investigación y expuso su identidad. También han comparecido periodistas que recibieron la información filtrada, defendiendo que actuaron bajo el derecho a la información pública.

Acusación y defensa: posturas enfrentadas

La acusación particular (ejercida por la fiscal y Vox) mantiene que García Ortiz ordenó o permitió la filtración para desacreditar a la fiscal que investigaba al exministro Ábalos, solicitando hasta 3 años de prisión e inhabilitación. La defensa, liderada por el abogado de García Ortiz, insiste en que no existe prueba directa de su implicación y que los borrados responden a protocolos de seguridad institucional.

El fiscal del caso ha solicitado la absolución, argumentando falta de dolo y que la información filtrada ya era parcialmente pública.

Contexto político y próximas sesiones

El juicio, que se ve para sentencia tras esta sesión, ha generado tensión política: el PP exige la dimisión inmediata si se confirma la condena, mientras el Gobierno defiende la presunción de inocencia y acusa a la oposición de «judicializar la política». Fuentes judiciales anticipan sentencia antes de fin de año, con posible recurso al Supremo.

La vista ha concluido con la práctica de la prueba pericial sobre los dispositivos, clave para determinar si hubo orden directa del fiscal general.