Suiza rechazó transferencias «sospechosas» de Raúl Morodo y avisó a la Fiscalía «al considerarse, no justificados suficientemente, el origen legal de los fondos» y advertir indicios de que la documentación que las acompañaba era falsa.
Las autoridades helvéticas bloquearon, entre otras, una transferencia ordenada por Alejo Morodo, el hijo de Raúl Morodo, que ascendía a 1.362.599 euros, desde sus cuentas suizas a España en agosto de 2016. Lo hicieron tras comprobar que los justificantes que aportó la familia Morodo, supuestos contratos de asesoría con la petrolera estatal venezolana PDVSA, «carecían de validez».
No en vano, no tenían «sello y membrete de la sociedad que validase su autenticidad» y, por lo tanto, los fondos fueron automáticamente bloqueados y devueltos a Suiza.
La Fiscalía helvética alertó a la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado española de la existencia de estas transacciones, que tuvieron lugar en plena investigación policial a la familia Morodo.
Cabe recordar que estas pesquisas desembocaron, tres años después, en una investigación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional denominada Nafta y en la que se investiga a la familia Morodo por blanqueo de capitales, falsedad documental, corrupción en las transacciones comerciales internacionales y contra la Hacienda pública.
En este sumario, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el ex embajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y dos socios venezolanos, el ex directivo de la petrolera venezolana Juan Carlos Márquez y Carlos Adolfo Prada, se desviaron 35 millones de euros de PDVSA mediante asesorías ficticias.
El instructor del caso investiga en estos momentos el «destino final» de estos fondos al considerar que puede haber más beneficiarios hasta ahora desconocidos a la vista del ingente volumen de dinero distraído y el volumen de dinero extraído en metálico de sus cuentas bancarias en España.
Alejo Morodo, al que la Fiscalía Anticorrupción atribuye la gestión de las comisiones millonarias cobradas por su padre del Gobierno de Hugo Chávez, ordenó una transferencia internacional desde su sociedad panameña Furnival Barristers, con cuenta abierta en el Credit Suisse de Zúrich.
Para intentar avalar el origen del dinero, Alejo Morodo aportó al banco suizo un contrato supuestamente suscrito entre PDVSA y su sociedad instrumental Furnival Barristers.
UN PRESUNTO CONTRATO FALSO
Este documento estaba encabezado, de una parte, por Juan Carlos Márquez, ex directivo de la petrolera latinoamericana que se suicidó horas después de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz e incriminar al ex embajador. Por otra, por Alejo Morodo, en representación de la sociedad panameña.
Este acuerdo tenía como objeto la «prestación de servicios legales en España y Portugal por unos honorarios de 1.464.384 euros». Sin embargo, la documentación aportada fue rechazada de plano por la entidad financiera al presentar visos de ser falsa.
Por ello, «dicha transferencia finalmente no se abonó en cuenta y se procedió a su devolución a la entidad ordenante en Suiza», detalla la Policía Judicial en uno de los informes remitidos recientemente al juez Pedraz.
A raíz de esta y otras transacciones similares, la Fiscal de Sala de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado comunicó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía y a la Fiscalía Anticorrupción que la Fiscalía suiza había puesto en su conocimiento la existencia de «operaciones sospechosas» de la familia Morodo.
Este extremo fue considerado de «gran relevancia» por la Policía española, toda vez que la comunicación se enmarcaba «en la investigación de numerosas cuentas que el entramado empresarial de PDVSA controlaría en el país helvético y que podrían haber servido de canal para blanquear grandes cantidades de dinero procedente de actividades ilícitas».
El dictamen de las autoridades suizas resulta, por lo tanto, coincidente con el de la Fiscalía Anticorrupción española, que concluye por el momento que «la investigación practicada evidencia que los contratos que intentan amparar la recepción de los fondos y las facturas de los mismos adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces».
No en vano, a pesar de que la familia Morodo defiende en un reciente comunicado de prensa que prestó servicios de asesoría legal a PDVSA, no ha podido documentar estos servicios ante la Audiencia Nacional ni ante la Agencia Tributaria, que ha inspeccionado sus sociedades. De hecho, Hacienda tilda de «clara simulación» la operativa empresarial de los Morodo y les atribuye un rosario de delitos fiscales.
El ex embajador del Gobierno de Zapatero niega ser socio de los dos venezolanos a los que le vincula Anticorrupción y justifica gran parte de su fortuna en Suiza aludiendo a una «herencia familiar» de su mujer.
María Cristina Cañeque, tal y como también acredita el sumario del caso Morodo, dispone de tres cuentas en Suiza con 6,4 millones de euros abiertas poco después de que su marido dejara la embajada española en Venezuela.
La familia Morodo llevó a cabo abundantes extracciones de dinero en metálico de sus cuentas bancarias por importe de 1,9 millones de euros, al tiempo que sus socios venezolanos adquirieron inmuebles en España por valor de más de 14 millones.
