¡Un mazazo del Tribunal Supremo que rompe el blindaje de la privacidad en las ayudas sociales y obliga al Gobierno a abrir la caja de Pandora! La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de la Asociación de Abogados Cristianos contra la resolución de la Seguridad Social que denegaba la publicación de los nombres y apellidos de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), esa prestación no contributiva que sostiene a 2,4 millones de vulnerables con 406 millones mensuales. ¡El Alto Tribunal argumenta que la Ley de Transparencia obliga a revelar estos datos para «control democrático» del gasto público, rechazando el argumento de protección de datos personales al considerar que el interés general prevalece! En un fallo que divide a los magistrados –con votos particulares que advierten de «riesgo de estigmatización»–, el Supremo ordena publicar la lista completa, un giro que podría exponer a perceptores a escrutinio público y abrir la puerta a más demandas de transparencia en subsidios como el bono social eléctrico o ayudas a la dependencia.
El origen del conflicto es un pulso por la opacidad que la asociación inició en 2022, solicitando los nombres de beneficiarios del IMV para «verificar el correcto uso de fondos públicos». La Seguridad Social denegó la petición amparándose en la Ley de Protección de Datos y el RGPD, argumentando que revelar identidades vulneraría la intimidad de perceptores –muchos en riesgo de exclusión, con discapacidad o monoparentales–. Pero el Supremo, en sentencia firme, lo ve distinto: «La transparencia en el gasto público es un principio constitucional que prima sobre la protección de datos cuando se trata de prestaciones financiadas con impuestos», dictaminan los magistrados, obligando al Ministerio de Inclusión a publicar la lista en el Portal de Transparencia. Votos particulares de tres jueces alertan: «Esto estigmatiza a los más vulnerables y podría disuadir solicitudes legítimas», pero la mayoría impone el «interés general» en un país donde el IMV cuesta 5.000 millones anuales.
El impacto es un terremoto social que divide opiniones: el Gobierno, con Elma Saiz al frente de Inclusión, guarda silencio inicial pero fuentes ministeriales susurran «preocupación» por el «efecto disuasorio» en un colectivo ya estigmatizado –el 68% de hogares con niños y el 67% encabezados por mujeres–. Asociaciones como Cáritas y EAPN claman: «Es un ataque a la dignidad de los pobres; la transparencia no justifica exponer vidas». La oposición celebra: el PP lo ve como «victoria contra la opacidad sanchista», mientras Vox exige «publicar también nacionalidades». Expertos jurídicos como Borja Adsuara advierten: «Abre la puerta a listas similares en otras ayudas, con riesgo de doxing y acoso». El INE ya publica datos agregados, pero nombres individuales son inéditos.
Esta sentencia no es un detalle; es un pulso por equilibrar transparencia y dignidad en un España con 9 millones en riesgo de pobreza. ¿Publicará el Gobierno la lista, o apelará al Constitucional? En Agencia6, el termómetro social sube con esta exposición que duele: ¡del anonimato a la luz pública, el IMV en jaque! ¿Apoyas la publicación? Comparte en comentarios y síguenos para la respuesta de Moncloa – porque en la transparencia, el límite es la humanidad.
#IMVNombresPublicos #SupremoTransparencia #PobrezaExpuesta #GobiernoSanchez #Agencia6
