¡El pulso de la indignación late con fuerza en los pasillos del Ministerio de Hacienda! En un pulso que podría encender las calles de España, los sindicatos de funcionarios han alzado la voz como un trueno: la oferta salarial del Gobierno para 2025 –un 0,5% adicional al 2,8% ya pactado para 2024– es un parche insuficiente que no borra el rastro de la inflación salvaje de 2022-2024. Con el IPC disparado un 11,5% en ese período, los trabajadores públicos ven cómo su poder adquisitivo se ha evaporado en humo: un funcionario medio ha perdido 2.300 euros netos al año, y la propuesta de Moncloa apenas arañaría la superficie, dejando un déficit de hasta 1.500 euros en el bolsillo. ¿Es esto un insulto o una bofetada a los que sostienen el Estado? CCOO, UGT y CSIF claman por más, amenazando con movilizaciones que podrían paralizar administraciones enteras si no llega un 3% o superior.
El telón de fondo es un drama económico que hierve en la olla a presión de la pospandemia. Entre 2022 y 2024, la inflación acumulada ha sido un depredador implacable: 8,4% en 2022, 3,1% en 2023 y un proyectado 0% para 2024 según el FMI, pero el daño ya está hecho. El Gobierno de Pedro Sánchez, con Carlos Cuerpo al frente de Hacienda, extendió el pacto salarial de 2023 –2,5% para 2024– y ahora añade un mísero 0,5% para 2025, ligado a la recaudación fiscal. «Es una broma de mal gusto», estalla Antonio Núñez, de UGT, en un grito que resuena en todas las delegaciones sindicales. Para un empleado con base de 1.200 euros brutos mensuales, la subida de 2024 suma 30 euros netos al mes, y la de 2025 apenas 6 más: un total de 432 euros anuales que no compensa los 1.800 euros engullidos por el IPC. En el extremo alto, un directivo con 3.000 euros brutos vería 75 euros extra en 2024 y 15 en 2025 –migajas frente a una pérdida de 4.500 euros.
Los números son un mazazo al corazón. Según cálculos sindicales, el funcionario medio (2.000 euros brutos) ha visto evaporarse 2.300 euros netos anuales por la brecha inflacionaria, y la oferta gubernamental solo recupera el 25%: un saldo negativo de 1.700 euros que obliga a recortar en lo esencial –educación de hijos, facturas disparadas o jubilaciones precarias–. «No ganarán suficiente para compensar lo perdido», sentencia un informe de CCOO que ha encendido las redes, con hashtags como #SubidaInsuficiente y #FuncionariosHarta trepando como fuego. Expertos como José María Mollinedo, de CSIF, lo pintan negro: «Con el IPC previsto en 1,9% para 2025, esta oferta es un espejismo; urge un 3% fijo para no hundir la moral de 3 millones de trabajadores públicos». UGT va más lejos: «Es hora de movilizaciones indefinidas si no rectifican; no podemos seguir pagando la crisis con nuestro sudor».
Pero el Gobierno no se achanta. Fuentes de Hacienda defienden la propuesta como «equilibrada y responsable», atada a un crecimiento del PIB del 2,5% y una recaudación récord de 320.000 millones en 2024. «Hemos recuperado el 70% del poder adquisitivo perdido desde 2010», argumentan, recordando subidas del 9,5% en legislaturas pasadas. Sin embargo, los sindicatos lo ven como humo: el pacto de 2023 ya era tibio, y extenderlo sin músculo fresco es avivar la hoguera. Implicaciones? Un sector desmotivado que gestiona sanidad, educación y justicia podría colapsar: huelgas en aduanas, retrasos en pensiones o colas eternas en ventanillas. Y con elecciones europeas en el horizonte, Sánchez arriesga un frente social que podría costarle caro.
Esta no es solo una negociación salarial; es un pulso por la dignidad de quienes mantienen el país a flote. ¿Cederá Moncloa ante la presión sindical, o veremos paros que paralicen España? En Agencia6, el termómetro sube: ¡sigue las actualizaciones al minuto y únete al debate – porque cuando los funcionarios gritan, el eco llega al Congreso!
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