Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya y expresidente de la Generalitat, ha presentado un nuevo escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que exige la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión emitidas contra él, y reclama su vuelta a España «de forma inmediata». En el recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación, Puigdemont se agarra al informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Dean Spielmann, que avala la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el Derecho europeo, y lo califica de «decisivo» para disipar dudas y forzar el archivo de su procedimiento.
Argumentos de la defensa: transformación jurídica por el informe europeo
El escrito, al que ha tenido acceso Agencia6, sostiene que el análisis del recurso no puede limitarse a una «mirada aislada ni meramente interna», sino que debe integrar el marco constitucional y europeo. La defensa, liderada por Gonzalo Boye, argumenta que el informe de Spielmann —leído recientemente en Luxemburgo— ha «transformado de manera decisiva» la realidad jurídica:
- Compatibilidad con la UE: El abogado general afirma que la Ley de Amnistía es «plenamente compatible» con el Derecho de la Unión, no constituye una «autoamnistía» prohibida y pertenece a la competencia exclusiva de los Estados miembros. Sus conclusiones, aunque no vinculantes, tienen «autoridad interpretativa indiscutible» y operan como un «mandato jurídico claro»: los tribunales deben archivar procedimientos al verificar los presupuestos de la amnistía, sin mantener órdenes de detención provisionales.
- Impacto en el procés: El ámbito de la ley abarca «todas las actuaciones vinculadas al denominado procés», incluyendo malversación, lo que elimina «cualquier fundamento jurídico» para las órdenes contra Puigdemont mientras se tramita el amparo.
Boye enfatiza que la función del abogado general es «orgánicamente jurisdiccional», no meramente consultiva, y que sus afirmaciones disipan «las dudas de compatibilidad con el Derecho de la Unión» invocadas por órganos internos y «ruido mediático». Exige notificar la suspensión a todos los órganos judiciales y policiales, nacionales y europeos, para paralizar cualquier intento de detención.
Riesgos de no suspender: perjuicio «irreparable»
Puigdemont advierte que ejecutar las órdenes causaría un «perjuicio irreparable» a su libertad personal, participación política, mandato representativo y libertad de circulación. Argumenta que no existe «duda jurídica razonable» para mantenerlas, dado el aval nacional (declaración de constitucionalidad) y europeo de la ley.
Contexto judicial y político: resolución inminente y ruptura con el PSOE
El TC prevé resolver el recurso en el primer cuatrimestre de 2026. Su presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha avanzado en una entrevista que el informe de Spielmann «nos será muy útil tenerla en cuenta».
Políticamente, tras la ruptura definitiva entre Junts y PSOE por la amnistía, fuentes de ambos partidos coinciden: solo si el TC desactiva las órdenes se podría retomar el diálogo. Delegaciones socialistas en reuniones de Suiza con Junts ven esto como clave para un posible «deshielo», o confirmar un «muro de hielo» definitivo.
El informe de Spielmann, aunque influye en el 80% de las sentencias del TJUE, no tiene fecha prevista para la resolución final del tribunal.
