Hay preocupación, y mucha, ante la que se puede avecinar en los medios digitales de nuestro país, ahora que casi toda la población se vale de internet para estar comunicado las 24 horas del día a través de ordenadores, tablets y móviles. El 31 de octubre, con toda España pensando en las elecciones, el Gobierno aprobó un decreto ley con el que pretendía luchar contra «la república digital catalana», según declaró Pedro Sánchez. Con un anuncio tan efectista y en medio del ruido electoral, fue difícil que se trasladara a la opinión pública el contenido real del decreto, que ha sido convalidado este miércoles, en plena negociación con ERC para formar gobierno. Difícil aprobar una norma de forma más sibilina y disimulada.
El decreto se ha encontrado con el rechazo frontal de los independentistas, que rápidamente lo calificaron de «155 digital», lo que en condiciones normales garantizaría la bondad de la medida. Sin embargo, esta regla no es universal. Los socialistas son perfectamente capaces de promulgar un decreto que nos perjudique a todos y publicitarlo como algo que se aprueba para frenar al secesionismo, dificultando a PP y Ciudadanos la tarea de oponerse. Pero claro, tampoco es que estos partidos se hayan mostrado nunca muy dispuestos a preservar nuestras libertades en internet, como demostró su apoyo a la desaparición de los jueces en el proceso de cierre de webs de la Ley Sinde.
La mayor parte de este decreto no invita a la polémica. Consta de cinco apartados y cuatro de ellos oscilan entre cambios más técnicos y, efectivamente, la lucha contra las distintas artimañas empleadas por los golpistas para organizar el referéndum ilegal del 1-O. Por ejemplo, se explicita el uso del DNI como forma de relacionarse digitalmente con las administraciones españolas para evitar vacíos legales que puedan ayudar a implantar una suerte de DNI catalán que funcionara como identificador válido en la región, prohibiendo incluso el uso del sistema cifrado distribuido blockchain para estos fines. También obliga a las administraciones españolas a guardar sus datos en servidores localizados físicamente en la Unión Europea y, en los casos de datos personales especialmente sensibles, en España, o restringir y regular más estrictamente el uso de datos personales en las contrataciones públicas; normas todas ellas que hubieran impedido algunos de los abusos cometidos por las autoridades catalanas con el objetivo de consumar su golpe de estado.
Pero, naturalmente, tiene que haber algo más para que Vox se haya sumado a los partidos golpistas o incluso al partido proetarra a la hora de votar en contra de este decreto. Y ese algo más está en el capítulo cuarto, que permite al Ministerio de Economía y Empresa la potestad para «gestionar de forma directa» o «intervenir» las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, en determinados supuestos excepcionales, que se amplían para abarcar los casos en los que «exista una amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional» o «graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del espectro radioeléctrico».
Hay que tener en cuenta que la introducción define como problemas de seguridad pública, que caerían por tanto dentro del ámbito de este decreto, «las actividades de desinformación» o «las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía». Es difícil imaginar a un ministro de Economía de perfil técnico ordenando el cierre de una web por informar de una encuesta durante la última semana antes de las elecciones o por publicar la filtración de la sentencia de los ERE antes de la fecha de los comicios. ¿Pero qué no haría un ministro a las órdenes de Pablo Iglesias?
Alguna razón habrá para que un partido que tanto se opuso a la llamada «ley mordaza» ahora se abstenga ante una medida que va mucho más allá de ésta en el ámbito digital
Tampoco quedarían necesariamente fuera del ámbito de esta norma comunicaciones más analógicas como podría ser radio o televisión porque, al fin y al cabo, hoy día todas las señales pasan por intermediarios electrónicos. Así, aunque esta ley no permita apagar una antena de radio FM, sí permitiría hipotéticamente interrumpir la conexión digital con ésta.
Tampoco está clara que exista el requisito de la urgencia al que obliga el uso del recurso del decreto ley, aunque el Tribunal Constitucional se haya mostrado históricamente poco estricto con esto. Por otro lado, una cosa es que la eventual aplicación de estas medidas pueda ser urgente y otra muy distinta que la aprobación de la regulación lo sea. Y puede que ni eso. Al fin y al cabo, este decreto estaba en vigor cuando los CDR cortaron la frontera con Francia y el Gobierno no movió un dedo. Como para creer lo que nos digan estos políticos que son capaces de decir una cosa y su contraria en la misma frase.
