El silencio de Pablo Iglesias contrasta con las acusaciones de Pablo Echenique, quien ha llegado a decir del juez del caso que «su objetivo no es judicial, sino mediático»
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Podemos como persona jurídica y a parte de su cúpula dirigente, dentro de la causa en la que se investiga la financiación del partido morado, que según su ex abogado José Manuel Calvente, expulsado el pasado invierno del partido, podría ser objeto de delitos de malversación y administración desleal.
El juez imputa a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas electorales de la formación, uno de los más estrechos colaboradores de Pablo Iglesias, además de al tesorero, Daniel de Frutos, y a la gerente del partido, Rocío Val. Del Olmo, además de sus cargos orgánicos en Podemos, es el director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia segunda del Gobierno.
El magistrado, que investiga la posible existencia de una Caja B en el partido, ha citado a los tres el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados después de que Calvente ratificara su denuncia ante Escalonilla y declarara durante varias horas a finales del pasado julio.
Aparte de estas citaciones, el juez ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa que acaba de ponerse en marcha, como es requerir a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores. Las sospechas recaen, entre otras cosas, en los pagos realizados a la consultora mejicana Neurona durante las campañas de 2019, que el Tribunal de Cuentas señaló la semana pasada como pagos no justificados como gasto electoral, por casi medio millón de euros. Se trata de una consultora con la que colabora activamente el fundador del partido morado, Juan Carlos Monedero y que habría recibido pagos del ex presidente de Bolivia, Evo Morales.
Fuentes de Podemos aseguran estar tranquilos ante estas imputaciones, que consideran injustificadas y fruto de la denuncia «sin pruebas» de Calvente. Arremeten además contra el juez Escalonilla recordando que en 2018 archivó el caso de las injurias vertidas en un chat de policías contra la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Tampoco consideran adecuado que el juez haya permitido a Vox personarse como acusación.
Argumentos que ha hecho públicos a través de varios mensajes en Twitter el portavoz parlamentario morado, Pablo Echenique, quien se atreve a vaticinar que la acusación quedará «en nada» ya que, asegura insinuando prevaricación en la actuación del juez, «su objetivo no es judicial, sino la difamación mediática».
Echenique, además, denunciaba una supuesta conspiración mediática en su contra en otro de sus mensajes en la red social: «No vais a saber dónde se esconde Juan Carlos I tras haber huido de España con millones de euros de negocios turbios, pero vais a conocer hasta el último ticket de taxi y de menú del día que pasaron todos los trabajadores de Podemos. El periodismo vigilando fuerte a los poderosos» subrayaba con sarcasmo.
Además, la formación morada, según la Agencia Efe, ha pedido la nulidad de las actuaciones, Aseguran que solo se les ha entregado «un extracto parcial con deficiencias técnicas» lo que generaría «indefensión» por haber desaparecido una parte de ese testimonio.
