Los padres de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que se suicidó el 14 de octubre en Sevilla presuntamente víctima de acoso escolar, han declarado este miércoles ante la Fiscalía de Menores como testigos perjudicados. En su comparecencia, han exigido una sanción «contundente y ejemplarizante» al colegio privado concertado Irlandesas de Loreto, donde la menor estudiaba, por no activar el protocolo antibullying pese a la denuncia de la familia el 3 de septiembre. La investigación, abierta por el Ministerio Público, evalúa la responsabilidad del centro y de tres compañeras presuntamente implicadas en el acoso.
Detalles de la declaración y la investigación
La comparecencia de los padres, Sara Villar y José Manuel Peña, duró cuatro horas en la Fiscalía de Menores de Sevilla, en la avenida de la Buhaira. Acompañados por el tío de Sandra, Isaac Villar, quien actuó como portavoz, reiteraron que «el daño que nos han hecho no lo podremos recuperar en la vida, que es la pérdida de mi sobrina». Villar enfatizó que su «lucha» busca prevenir casos similares: «La única forma de que no se repita es que esa sanción sea contundente y ejemplarizante para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza no atender a una familia cuando le presenta una situación de acoso escolar».
La Fiscalía mantiene dos expedientes abiertos: uno sobre la presunta implicación de las tres menores en el acoso, y otro sobre la actuación del colegio, que según la Junta de Andalucía no activó el protocolo antiacoso ni el autolítico (autoevaluación obligatoria). El próximo lunes, las tres compañeras declararán ante el Ministerio Público. Además, este miércoles también testificaron el director del centro, Francisco Suárez; la jefa de estudios, la orientadora y la tutora de Sandra, quienes rehusaron hacer declaraciones a los medios.
La versión del colegio y las discrepancias
El centro justificó inicialmente su inacción alegando que la terapeuta de Sandra recomendó no activar el protocolo en la plataforma escolar (para notificar a la Inspección Educativa) y limitarse a separar aulas. La familia niega esta versión y da por hecho que el protocolo se había iniciado. Fuentes cercanas al colegio insisten en que todas las actuaciones están documentadas, pero admiten que no se habló con las presuntas acosadoras ni sus familias, al considerar que el bullying no ocurría en horario escolar.
La Policía Nacional ha entregado su informe a la Fiscalía, que incluye análisis del móvil de Sandra y sus redes sociales. El Grupo de Menores (Grume) citó a las tres presuntas implicadas. Además, la Fiscalía de Criminalidad Informática ha requerido a una red social la retirada de vídeos que identifican a las alumnas como acosadoras.
Posibles sanciones y el rol de la Junta de Andalucía
El informe de la Fiscalía será clave para que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, dirigida por Carmen Castillo, determine la sanción al centro. La sanción máxima podría ser la pérdida del concierto educativo (financiación pública), o alternativas como multas económicas o expulsión de responsables. La Junta ha iniciado una comisión de conciliación con representación del colegio para asumir medidas correctoras y prevenir futuros acosos. Castillo ha afirmado: «Será en función de los hechos que la Fiscalía determine como probados cuando se depuren responsabilidades», que podrían extenderse a las implicadas en el acoso.
La Defensoría de la Infancia ha contactado con la familia y el centro, y Villar ha destacado el apoyo de la Junta y el Defensor del Pueblo: «Confiamos en que estén a la altura y le impongan la sanción más alta al colegio por los errores que ha cometido, que han provocado el peor de los finales».
Contexto del caso y reacciones
Sandra Peña se quitó la vida lanzándose desde la azotea de su bloque tras un año de presunto acoso por tres compañeras. La madre denunció el 3 de septiembre, pero el centro no actuó con diligencia. Este miércoles se cumple un mes del trágico suceso. La familia, «nerviosa pero con la tranquilidad de contar la verdad», busca justicia para evitar repeticiones. En redes y medios, el caso ha generado un debate sobre protocolos antibullying en centros educativos.
