Casi todos los toreros afectados por la crisis generada por el coronavirus están recibiendo respuesta desde el SEPE donde se hace saber que su rechazo al cobro de derechos y subsidios quedan suspendidos por orden superior.
La Unión de Toreros ha cargado contra el Gobierno porque sus solicitudes de prestación, en sus distintas categorías, «están siendo sistemáticamente desestimadas» por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Aseguran en un comunicado que esta situación se produce porque el SEPE está «siguiendo instrucciones superiores».
La organización ha recordado que los toreros tienen «reconocida legalmente» la condición de artistas, tal como recoge el artículo 1.3 del Real Decreto 1435/1985 de 1 de agosto, y «confirma una reiteradísima jurisprudencia» en los tribunales de Justicia.
El colectivo ha criticado que desde el SEPE, «siguiendo instrucciones superiores», les «niegan la condición de artistas» en espectáculos públicos, o establecen requisitos que hacen «absolutamente inviable» la prestación para la mayoría del gremio de toreros.
En este contexto, la Unión de Toreros ha hecho referencia a que el Real Decreto Ley 17/2020, de 5 de mayo, establece una prestación extraordinaria por desempleo a «aquellos trabajadores que, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19, no puedan continuar realizando la actividad laboral que dio lugar a su inclusión en el Régimen General como artistas en espectáculos públicos».
«Hemos sido comprensivos, como no podía ser de otro modo, con las prioridades resultantes de las urgencias sanitarias y sociales derivadas del COVID-19. Desde el Ministerio de Cultura se nos prometió igualdad de trato con respecto al resto de trabajadores e industrias del sector cultural», ha señalado la organización.
No obstante, la Unión de Toreros ha afirmado que, una vez que ha llegado el turno de las ayudas a las industrias culturales y a los artistas, la tauromaquia y sus profesionales «han vuelto a ser deliberadamente excluidos».
Por último, ha resaltado que la tauromaquia ingresa anualmente a las administraciones públicas «ingentes cantidades de dinero en concepto de IVA, cánones de explotación de plazas y cotizaciones sociales, y que es el segundo espectáculo de masas sólo por detrás del fútbol».
