La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha instado al Consejo General del Poder Judicial a que «se levante la suspensión de señalamientos de vistas durante la fase I de la desescalada, al menos en la jurisdicción de Lo Social» que, en la Comunitat Valenciana, podría empezar el lunes 11 de mayo.
Así se ha expresado la titular de Justicia del Consell en la reunión sectorial que se ha celebrado este viernes, por videoconferencia, con representantes del Consejo General del Poder Judicial, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, representantes de la Fiscalía General del Estado, la Abogacía y el resto de consejeros autonómicos de Justicia.
Durante el encuentro, la consellera ha mostrado su preocupación por el mantenimiento de la suspensión de los señalamientos que, según ha defendido «se debe levantar durante la fase I de la desescalada para que se puedan empezar a celebrar algunos juicios durante la fase II, al menos, en la jurisdicción de Lo Social» que es la que más carga de trabajo está acumulando debido a la crisis económica que ya está produciendo la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
Gabriela Bravo ha exigido al órgano de gobierno de los jueces «que establezcan ya un calendario para el incremento gradual de la actividad judicial y más al considerar que este martes se aumentará en un 30 % la dotación de funcionarios y funcionarias autonómicos que acudirán a los juzgados». En este sentido, la consellera ha lamentado que las fases de reactivación «son lentas en comparación con otros sectores».
De ahí que Gabriela Bravo haya mostrado su «preocupación» porque el parón judicial ya ha supuesto la suspensión de unos 20.000 juicios en los juzgados valencianos tal y como se puso de manifiesto este mismo jueves en la Comisión Autonómica para el seguimiento de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana.
Por este motivo, para la consellera, es «esencial que se active ya el calendario de señalamientos y que se actúe desde la homogeneidad» para «reactivar la actividad judicial cuanto antes con todas las condiciones de seguridad sanitaria para operadores jurídicos y usuarios».
En este sentido, la consellera ha recordado que las comunidades autónomas podrán «poner recursos de una manera u otra según las directrices que marque el Consejo General del Poder Judicial» pero, en todo caso, «el problema del atasco judicial que se nos viene encima no se podrá solucionar única y exclusivamente mediante el incremento de los refuerzos» de las plantillas de gestores, tramitadores y auxilios en los juzgados sino «en la optimización y racionalización de los recursos existentes» al tiempo que ha reclamado «una acción decidida que aúne el compromiso y el esfuerzo colectivo de todos para sacar a la Justicia de este país adelante».
