La Comunidad de Madrid ha reducido hasta en un 65% la ocupación de viviendas mediante el método conocido popularmente como patada en la puerta o el asalto, desde la puesta en marcha de la Mesa contra la Ocupación y por la Vivienda el pasado mes de octubre de 2019.
Así lo ha adelantado el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, que ha visitado hoy una vivienda bunkerizada, según la denominan los técnicos de la Agencia de Vivienda Social -AVS-, en el madrileño distrito de Tetuán, cuyo objetivo es preservarla, evitar su ocupación y poder adjudicarla a personas o familias en situación desfavorable. Este procedimiento consiste en la instalación de una puerta antivandálica y el chapado de las ventanas del inmueble.
La Comunidad de Madrid destina 4 millones de euros anuales a seguridad, reparación y bunkerización del parque de viviendas de la AVS, formada por más de 23.200. El objetivo es evitar ocupaciones y poder acometer reparaciones en los inmuebles, una vez desocupadas, para poder entregárselas a las familias con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.
En algunos casos se hace necesario también proteger las terrazas, e incluso las puertas de acceso a las mismas situadas en los áticos, para evitar trepados o descolgamientos desde otras plantas o pisos. El coste de la instalación de cada puerta de este tipo supone un desembolso para la Comunidad de Madrid de 1.373 euros.
Una vez que la vivienda es adjudicada y la familia que la recibe va a entrar a vivir, es necesario nuevamente sustituir esa puerta antivandálica y antiocupación por una puerta estandar, lo que supone una nueva reforma que tiene un coste medio de 1.079 euros. En total, a la Administración madrileña le supone estas medidas de protección un coste por vivienda superior a los 2.400 euros.
Pérez ha subrayado que “los ciudadanos demandan nuevas medidas y una legislación que permita que las mafias y los delincuentes que ocupan las viviendas puedan, en caso de que accedan ilegalmente a una vivienda, ser desalojados inmediatamente y con todas las garantías legales. Toda vivienda ocupada ilegalmente resta una posible vía de asistencia a aquellas personas o familias que sí necesitan realmente una vivienda, debido a su estado de precariedad o vulnerabilidad”, ha señalado el consejero.
“En el caso de la Administración regional, -ha señalado Pérez- que lidera el ranking nacional con más de 23.200 viviendas públicas, el objetivo de la AVS es destinarlas a aquellas familias que cuentan con escasos recursos. Sabemos que la mayor parte de las ocupaciones no se llevan a cabo por familias necesitadas, sino por mafias organizadas o personas que buscan hacer negocio con ello, por lo que también se evitaría la comisión de nuevos delitos”.
“Según los datos de que disponemos en las zonas donde se es más beligerante, en la medida que la ley lo permite, contra la ocupación se ha reducido el número de pisos ocupados como es el caso de la Comunidad de Madrid. Cuanto más permisiva sea la Administración, mayor nivel de ocupación encontraremos”.
Buenos datos de la Mesa contra la Ocupación
Pérez ha destacado que desde la creación de la Mesa contra la Ocupación de la Comunidad de Madrid, en octubre de 2019, donde las consejerías de Justicia, Interior y Víctimas y la de Vivienda y Administración Local actúan coordinadamente, se ha reducido a la cuarta parte, el número de viviendas asaltadas mensualmente, es decir hay un 65% menos de viviendas asaltadas que en el año 2018. “Los datos que maneja el Gobierno regional para el presente ejercicio son bastante positivos, confiando en que el año 2020 alcance cifras similares”, ha señalado Pérez.
Pese a que hay numerosas modalidades de ocupación, la reducción más notable hay sido precisamente la del método más violento de ocupación, la denominada patada en la puerta. Desde la puesta en Marcha de la Mesa contra la Ocupación, hace ahora casi un año, la media se ha reducido drásticamente, pasando de una media mensual de 6,5 viviendas ocupadas al mes, a tan solo 2,4 viviendas ocupadas al mes en la actualidad, es decir, una reducción de hasta el 65%.
Entre las medidas adoptadas para evitarlas, se encuentra la monitorización de las promociones más conflictivas y la identificación de aquellas zonas de la capital, en colaboración con el Ayuntamiento, donde existe una mayor conflictividad. Además, impulsadas por el Gobierno autonómico, se han mantenido encuentros con la Delegación de Gobierno para coordinar más medidas de control.
A través de la Mesa contra la Ocupación se han llevado a cabo acciones de coordinación con las autoridades judiciales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales. Estas han sido mediante protocolos de actuación que ayuden a las policías locales a mejorar sus actuaciones ante el fenómeno de la ocupación y cómo actuar inmediatamente después de recibir un aviso de ocupación, ya que las primeras 24 horas son cruciales para poder resolverlas de manera satisfactoria.
Del mismo modo, se ha mantenido un encuentro con la fiscal y la jueza decana de Madrid, para impulsar medidas de coordinación entre la administración autonómica y la justicia madrileña, instando a que se den facilidades a la policía judicial adscrita al juez decano para identificar a los presuntos responsables, ponerlos a disposición de la autoridad judicial y proceder a la devolución del inmueble. Igualmente se ha denunciado ante la fiscalía la presencia de mafias que presuntamente controlan, negocian y cometen delitos en inmuebles de titularidad de la Agencia de Vivienda Social.
600 expedientes para la recuperación de viviendas
De manera simultánea, desde la Agencia de Vivienda Social se sigue trabajando para lograr desocupar las viviendas que forman parte de su patrimonio y ponerlas al servicio de las familias que lo necesitan.
Desde el comienzo de la presente legislatura se han iniciado 600 expedientes cuyo objetivo es la recuperación de viviendas sociales. La AVS ha recuperado en este primer año de legislatura casi doscientos inmuebles y trabaja en la recuperación de más viviendas.
