En una exclusiva de Libertad Digital firmada por Miguel Ángel Pérez, se explica de forma exhaustiva los movimientos iniciados por el gobierno socialcomunista que se topa desde el arranque con la oposición de los jueces. España se juega mucho con estas medidas que hoy los nacionalistas, PSOE y Podemos han puesto en marcha para hacer desaparecer uno de los pilares fundamentales en un Estado de Derecho.
El Consejo General del Poder Judicial CGPJ que preside en funciones Carlos Lesmes aprobará en el Pleno de este jueves cuatro nombramientos. PSOE y Podemos registraban en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para limitar las funciones del CGPJ cuando haya caducado su mandato, tal y como sucede en la actualidad. El objetivo es que no se puedan realizar designaciones clave en la cúpula judicial en este periodo..
La iniciativa, cuya tramitación ha comenzado, modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones y apunta la «necesidad de limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato». Esta medida afectaría al nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, los presidentes de Sala y los magistrados del Supremo y del Tribunal Constitucional.
Según fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital, el Gobierno de los jueces continuará desarrollando la función que le otorga la Constitución, pese a los planes del Ejecutivo, y designará durante el pleno de este jueves al presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y al de Castilla y León, así como al presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres.
Tal y como avanzó LD, además de los nombramientos citados, el CGPJ tenía pendiente otras 25 designaciones antes de fin de año: 7 magistrados del Tribunal Supremo; 6 presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia de Baleares, Canarias, Extremadura y País Vasco (3). También están pendientes de designarse por el CGPJ las presidencias de 12 Audiencias Provinciales de Almería, Baleares, Burgos, Cantabria, Ciudad Real, Gerona, Granada, La Rioja, León, Lugo, Navarra, Salamanca.
Las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que una gran parte de las 25 designaciones que quedarían pendientes, previsiblemente se realizarían ya en el mes de enero ya que no ha dado tiempo a tramitarlas. Todo ello si el Gobierno no logra paralizar al CGPJ antes.
Informes del Consejo de Europa y del propio CGPJ
Mientras tanto, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial estudiará también este jueves si solicita al Congreso de los Diputados que recabe un informe del Consejo de Europa y al propio CGPJ sobre la proposición de Ley presentada por PSOE y Podemos para paralizar los nombramientos de la cúpula judicial.
Según un documento de 3 páginas presentado por 6 vocales, «el gobierno tiene la obligación de someter sus anteproyectos al informe del Pleno de este CGPJ, mientras que para las Proposiciones de Ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios la solicitud de ese informe no es obligatoria, sino sólo posible».
«No obstante», añade, «cuando la proposición de Ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ y también a la Comisión de Venecia (Consejo de Europa)».
«Ésa es una consecuencia derivada por las instituciones de la Unión Europea, en relación con el respeto a los principios propios del Estado de derecho que, constituyen el fundamento de la Unión y cuya infracción puede desencadenar el mecanismo de respuesta. Así se ha expresado la Comisión Europea, entre otras muchas, en sus recomendaciones y así se le ha recordado al Reino de España en sendas comunicaciones del portavoz de justicia de la Comisión Europea del 15 de octubre y, más recientemente, del 4 de diciembre de 2020″, afirma el texto.
